Las aspiraciones de varios países latinoamericanos de profundizar lazos comerciales con Estados Unidos pasan por momentos difíciles, con un Congreso que tiene en suspenso la aprobación del TLC, que duda en prorrogar preferencias arancelarias y que previsiblemente no extenderá el «fast track» al presidente George W. Bush.
Las preferencias andinas, que otorgan cobertura arancelaria a Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador a cambio de ayuda contra el narcotráfico, vencen el 30 de junio.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes informó en la tarde del lunes que fijó para el miércoles un encuentro de sus miembros para iniciar las discusiones sobre una extensión de las preferencias.
Sin embargo, los plazos son estrechos y los países ya se preparan ante la eventualidad de tener que enfrentar un período sin los beneficios que otorga la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA).
El sábado, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, consideró poco probable que el beneficio sea extendido por el Congreso, y dijo que su gobierno está buscando «mecanismos de compensación para los empresarios que se sientan perjudicados».
Bolivia también se prepara, y el gobierno de Evo Morales dispuso un fondo de ocho millones de dólares para apoyar a los exportadores bolivianos ante esta eventualidad.
Como en las últimas dos extensiones de estas preferencias, su renovación es una carrera contrarreloj.
El Congreso prolongó en diciembre por sólo seis meses las preferencias para Ecuador y Bolivia, y dejó un margen de seis meses suplementarios para los países que alcanzaron TLC con Washington, como Perú y Colombia, a la espera de una ratificación de esos acuerdos.
Precisamente, los TLC, como el que busca Perú y también el que quiere Panamá -que firmará el suyo el próximo jueves en Washington- enfrentan presiones por parte de la mayoría demócrata que controla el Congreso, que espera incorporar nuevas medidas de protección laboral y medioambiental a los textos negociados por el Ejecutivo.
Este lunes, la representante estadounidense de Comercio (USTR), Susan Schwab, y el republicano de mayor rango en el Comité de Medios y Arbitrios, Jim McCrery, manifestaron su esperanza de que el Congreso dé el visto bueno a un TLC con Perú en julio, al anunciar que quedó listo el texto de un acuerdo bipartidista sobre política comercial alcanzado en mayo.
Este mismo lunes en Perú, una delegación del USTR y el gobierno de Lima suscribieron un conjunto de enmiendas al texto del TLC que incorpora las exigencias establecidas en ese pacto bipartidista en materia laboral y de defensa del medio ambiente.
Lima espera que con esos cambios, la mayoría demócrata del Congreso apruebe el TLC.
En el caso de Colombia, la situación aparece como más compleja.
Son fuertes las presiones sobre el Congreso por parte de sindicatos norteamericanos y grupos de defensa de los derechos humanos que acusan a Colombia de no proteger a los líderes sindicales, a lo que se agrega el telón de fondo del ’escándalo de la parapolítica’ de relaciones de congresistas oficialistas colombianos con paramilitares de extrema derecha, que ha complicado en extremo las aspiraciones de Bogotá.
Los problemas de estos países latinoamericanos no escapan al contexto general de dificultades de la política comercial de Estados Unidos, que enfrenta por estos días el fracaso de las reuniones de Potsdam (Alemania) en el marco del ciclo de Doha para la liberalización de los intercambios en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Bush responsabilizó a Brasil e India del fracaso en Potsdam.
Algunos expertos sostienen que el fracaso de estas tratativas dio por tierra con la posibilidad de que el presidente Bush obtenga del Congreso una prórroga de la autoridad de promoción comercial o «fast track», que también vence el 30 de junio.
Esta autoridad otorgada al presidente por el Congreso, permite al mandatario negociar acuerdos comerciales para luego enviarlos al Legislativo, que puede aceptarlos o rechazarlos sin introducir modificaciones.
«Creo que virtualmente no hay esperanza, en este punto, de una renovación» de esta autoridad, dijo a la AFP Edward Alden, del centro de estudios Council on Foreign Relations.
Así las cosas, a menos de cinco días de que caduquen tanto los beneficios para los países andinos como la autoridad de promoción comercial, el presidente Bush podría ver dificultada su agenda comercial para su último año y medio de mandato.