Mientras la población presencia la cada vez más árida disputa de si fue justa la decisión de suspender la condena de 80 años dictada a Ríos Montt por el supuesto delito de genocidio, la delincuencia sigue haciendo de las suyas impunemente hasta en el más recóndito lugar del país. La semana pasada trascendió que el presidente Pérez Molina, preocupado por incumplir su promesa de reducir la delincuencia, llamó a varios comisarios de municipios en donde la alta criminalidad en vez de reducirse o al menos mantenerse, ha ido en ascenso, habiéndoles dado lo que en buen chapín le llamamos “una buena jaboneada”. Opino que el Presidente hizo bien y ojalá que no vaya a quitar el dedo de la llaga.

Pero no hay que olvidar que con buenas intenciones hay inmensa cantidad de gobernantes y nuestra población vaya si no ha tenido paciencia para esperar que por fin se vayan viendo buenos resultados.  Para lograrlos, hay que tomar en cuenta que toda política pública es un proceso, que debiera medirse en varias etapas en atención al tiempo, a las prioridades y a otras circunstancias. Dentro de ese proceso, es prudente incluir uno o más períodos de evaluación, lo que me obliga a preguntar: ¿se habrán realizado o se ha seguido la tradicional estrategia de  hacer cambios o ajustes ocasionales con el mismo personal,  que solo de vez en cuando es regañado, más que todo para darle a la población golpes de efecto, mientras la inseguridad la mantiene pegando el grito al cielo?

Insisto en decir que el pecado original de nuestra organización policial fue que en época de Arzú no se hizo borrón y cuenta nueva. En su lugar se dispuso “reciclar” a sus elementos, lo que condujo a obtener los funestos resultados que seguimos padeciendo, pues toda política pública por buenas que sean sus intenciones, si no cuenta con las personas idóneas, honestas, capaces y adecuadas para implementarlas está condenada al fracaso. Hagamos números, contemos cuántos años llevamos de estar haciendo ajustes, aplicando sanciones, siguiendo procesos judiciales y dando regañadas sin que los resultados hayan cambiado. Porque aunque se sigan graduando agentes no vemos a  gente honesta, profesionalmente capaz, como eficazmente supervisada y controlada para llevar a cabo estrategias y tácticas para combatir adecuadamente a los delincuentes y, si a lo anterior le sumamos que estos últimos cada vez son “más pilas” para cometer sus fechorías, ¿qué cosa distinta al fracaso podemos seguir observando?

Sigamos haciendo números, ¿cuánto es el monto que el Estado ha gastado en seguridad ciudadana?, ¿cuánto le cuesta mantener un montón de inútiles asesores mientras el mercado del delito se sigue ampliando? Si las estrategias gubernamentales empleadas no han funcionado ¿Por qué continuar haciendo lo mismo con iguales resultados? Hasta el momento no hemos escuchado del gobierno una sola idea, como tampoco un solo replanteamiento profundo sobre seguridad ciudadana.