Organizaciones sociales, indígenas y campesinas rechazan la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitida ayer, y perciben falta de ética y profesionalismo de los magistrados, así como injerencia del sector empresarial para que se anulara el proceso de sentencia por genocidio.

Rafael Chanchavac expresa que esta decisión le resta mérito al MP y a los testimonios de la población ixil en el juicio. Considera que se sienta un precedente de impunidad y se evidencian los grupos de poder económico empresarial que tienen injerencia en la toma de decisiones del país.

«Llamamos al pueblo de Guatemala que no se deje engañar por las personas que se han enriquecido a costillas de la población, y a no dejarse manipular», enunció.

Por su parte, Mario Itzep, de Observatorio Indígena, coincide al declarar que predomina la manipulación política e injerencia de los empresarios y el Gobierno central; este último porque se refiere a Otto Pérez Molina, quien ha sostenido que no hubo genocidio como tal en el país.

“Lo importante es que se debe garantizar la continuación de los operadores de justicia que ya conocen y trataron el caso”, dijo Itzep.

Mientras tanto, Congcoop mediante un comunicado señala que la CC mantiene una actitud desleal a la democracia, la legalidad, y la memoria de las víctimas del conflicto armado interno, con la anulación de la sentencia de Efraín Ríos Montt; y que lesiona el proceso de paz y los derechos humanos.

“Es esta una burda maniobra jurídica cuya pretensión final es exculpar al exjefe de Estado por las masacres cometidas durante su periodo gubernamental. Si bien se trata de un fallo esperado dada la influencia política y económica, nada justifica esta acción”.

Se espera que por la tarde organizaciones sociales realicen una manifestación en la CC, como medio de protesta y rechazo a la medida.