Está por demás decir que se ha hecho muy notoria la intención de varios países del continente americano, incluyendo el nuestro, por despenalizar las drogas y tanta ha sido la cantaleta, que hasta llegaron a convencer a la inútil como inoperante Organización de los Estados Americanos para que hiciera un estudio con ese fin, el que fue entregado el pasado viernes, bajo el título “El problema de las Drogas en las Américas”, por su actual Secretario General, José Miguel Insulza, al presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Solo con citar la entidad ponente, de por sí le hizo perder mucha credibilidad al estudio, pues que nosotros sepamos la OEA nunca se ha distinguido como gestora de beneficios para las poblaciones de los países miembros, lo que lamentablemente nos hace pensar mal e incluso preguntar: ¿qué intereses hay detrás de semejantes “simples opciones realistas, ajenas a prejuicios y a dogmas” como anticipa a llamarlas el presidente Santos, en un notorio afán premeditado para descalificar a quien se atreva a opinar lo contrario? Nadie con dos dedos de frente se opone a que un determinado producto, por muy malos antecedentes que tenga, si es útil medicamente para proporcionar cualesquiera beneficios a los enfermos, se autorice su uso, pero siempre que sea bajo el debido y estricto control.
    Por ejemplo, ¿quién no sabe que el mal uso de la morfina es causa de adicción y que provoca serios trastornos a la salud de quien la use? Sin embargo, desde que tengo uso de razón he sabido que bajo el debido control de su producción, como de su aplicación, ha estado plenamente autorizada su aplicación para brindar grandes beneficios a los pacientes que son tratados con dicha droga. Pues lo mismo podría suceder con el uso de la marihuana, si médica, científica y debidamente controlada  también llegara a establecerse su necesidad como los beneficios que traería consigo.

Pero no es posible tapar el sol con un dedo. En Guatemala las drogas circulan y se compran en cualquier parte, por la incapacidad o corrupción de nuestras autoridades. Por esa razón considero imposible convencernos que se pueda generalizar un sistema, uso o aplicación de despenalizar oficialmente las drogas. Tampoco es cierto que aquí se esté librando una férrea lucha por combatir el narcotráfico ¿A quién no le consta la venta libre de drogas en cualquier calle, mercado, restaurantes o cantinas con el beneplácito de las autoridades, porque ello representa magníficos beneficios para quienes tienen “licencia” para cobrar determinada cuota en los expendios o a los revendedores. ¿Qué creen, que todos somos caídos del tapanco? Si el presidente Pérez Molina desea seguir con la intención de despenalizar las drogas, propósito que mantuvo bien calladito durante toda su campaña electoral, ¿por qué no la sujeta a consulta popular guatemalteca en vez de permitir que vengan extraños a decirnos cómo hacer las cosas?