La BBC entrevistó al sociólogo Edelberto Torres al calor del debate sobre la sentencia por genocidio, una de las preguntas hechas le inquirió el porqué en este país los empresarios organizados en sus cámaras deciden declararse en asamblea permanente y retar la decisión de la Corte de Justicia, sobre un caso de dimensión histórica. Le preguntaron además por qué ese rol no lo ocupan los partidos políticos, quienes por cierto aún no se han expresado públicamente en torno a dicha sentencia.
Son excepciones el partido MNR que ya publicó su posición el viernes último a favor del veredicto. Y en el caso de la UNE, solo se tiene noticia del aparente exabrupto en el que una manta colocada públicamente sugería su anuencia con la sentencia. Luego sus líderes desconocerían la misma indicando que se había utilizado su buen nombre. Los restos de la izquierda partidaria permanece inconvenientemente callada y la mayoría de la derecha partidaria permanece convenientemente callada. A la Corte de Justicia se le ha devaluado su apellido que ahora se escribe con s minúscula, ha dejado de ser suprema desde que la Corte de Constitucionalidad se le impone con sentencias que aluden a lo procedimental y no al contenido jurídico de los casos, creando un peligroso precedente. Varios representantes de la oligarquía y de distintos sectores privados alardean sobre el riesgo de una sentencia por genocidio, alegando que la violencia política regresará y que la imagen del Estado de Guatemala se verá dañada internacionalmente (!). En pleno siglo XXI se lee en periódicos y en las calles un discurso panfletario de tono ochentero que alude y señala de comunista al que propone democracia (!). Jóvenes que nacieron ya entrados los noventa, debaten en las redes sociales rechazando la sentencia y negando la historia con tal cólera que parecen más convencidos que sus propios padres (!). Familiares de los exmilitares implicados se disfrazan de uniforme en defensa oficiosa de un cuerpo de exterminio, y gritan que por el ejército tenemos hoy democracia. El sentenciado Efraín Ríos Montt fue su mejor defensor y sus abogados se dedicaron al sabotaje del juicio, en vez de haber siquiera planteado una estrategia a la altura de la gravedad de la acusación. Una potencia que otrora acogía y entrenaba a los ejecutores de las masacres, hoy aboga por la consolidación democrática. El destino permitió la coincidencia que este juicio se dirimiera en la presidencia de un aparente implicado. Una cadena internacional de noticias que no es precisamente progresista, le tiende una encerrona incómoda al Presidente, cuyas respuestas no convencen. Una campaña que niega la imparcialidad del juicio y de la figura de genocidio que no alude nada sobre los otros delitos de los implicados. Una jueza valiente como no se había visto es vilipendiada y deshonrada por ejecutar su trabajo con eficacia. Mientras el país debate creo yo, el talante, los límites y el destino de su Estado de Derecho, los empresarios actúan como partidos políticos, éstos prefieren avanzar hacia lo que saben hacer mejor, la lógica electoral; una Corte que ha decidido el futuro, la ley se ha quedado sin imperio, el democrático es tildado de comunista y la treta guizachera se impone sobre la razón jurídica. La dicotomía hubo o no hubo genocidio contiene la síntesis de la historia; la facilona posición de mejor aceptar el delito de lesa humanidad tiene el riesgo del conformismo. Esta es Guatemala que no está al revés sino a la derecha conservadora.