Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), se pronunció en relación a las manifestaciones en contra de la intención que tuvo la organización, que al hacer sus peticiones de reparación digna para el pueblo ixil, solicitó que el Poder Ejecutivo promoviera ante el Congreso la creación de una norma legal que tipificara sanciones para medios de comunicación y personas que negaran la existencia del genocidio en Guatemala.
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De esa cuenta, Reyes acotó que la intención de CALDH “nunca fue la de promover una ley mordaza o atentar contra la libertad de expresión”, sino contribuir a la reparación histórica del contexto social de la población ixil.
Dicha petición no fue tomada en cuenta por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo al aceptar 12 de las más de 30 peticiones de resarcimiento y reparación que llevaron a cabo los querellantes en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.
Por último Reyes enfatizó en que “hubo una mala interpretación” ante su petición.
ADVERSAN
La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) emitió un comunicado de prensa en el cual señaló ver “con extrañeza y preocupación que, en especial, una organización que se proclame “defensora de los derechos humanos” promueva acciones que tiendan a violar directamente el derecho a la libre expresión del pensamiento”.
En ese sentido, llamaron a diferentes organizaciones a que se pronunciaran respecto al tema para que “se defienda de manera responsable el derecho a la libertad de expresión sin censura previa”.