Las escuchas telefónicas que el Ministerio Público (MP) solicitó a un juez de Santa Rosa en el que Alberto Rotondo, jefe de Seguridad de la mina San Rafael, admitió mandar a matar a líderes comunitarios que se oponían al proyecto de la mina generó reacciones por parte de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo a Aparicio Pérez, del Comité Unidad Campesina (CUC), dijo que la orden dada por Rotondo es solo una prueba más de que se ha tratado de reprimir, y criminalizar a la población y su resistencia pacífica, hechos que no se limitan solamente a  Jalapa y Santa Rosa.

Según el activista campesino, no es la primera vez que algo así sucede ya que en otras ocasiones han tratado de vincular a las organizaciones campesinas con el crimen organizado, dijo, refiriéndose a los ataques que la población denunció la semana pasada cuando pobladores de Santa María Xalapán fueron acusados de ingresar a la fuerza a la mina.

“Están planteando argumentos para justificar la represión contra las comunidades que están luchando”, dijo Pérez. Asimismo, hizo hincapié en que es necesario que cese la represión en su contra.

En esta situación de caos el Congreso juega un papel importante ya que al no ratificar el decreto que hace oficial al Estado de Sitio puede evitar la violación de los derechos constitucionales de los pobladores de Santa Rosa y Jalapa, los cuales quedarán invalidados el tiempo que dure este Estado de Sitio.

Por aparte, expresó su indignación por la represión que se está viviendo, temática que parece repetirse en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, en donde se han reportado desapariciones  de líderes comunitarios que están luchando para detener esta imposición del gobierno.

Al hablar con Andrés Dávila, Coordinador de Comunicación Corporativa de Mina San Rafael, quien al momento se encontraba en Canadá, se limitó  a decir que van a respetar el debido proceso en la investigación que se abrió en su contra, y que aportarán pruebas para el caso.

“Lo que haya dicho  o no haya dicho es responsabilidad de él y de las autoridades aclararlo”, indicó.

Por otro lado, uno de los activistas del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), quien prefirió conservar su nombre en el anonimato,  dijo que respetan la resolución del juez encargado de conocer este caso, en cuanto a la concesión de  la medida sustitutiva de arresto domiciliario para Rotondo, pero no la comparten. El jefe de seguridad de la mina deberá presentarse a la Torre de Tribunales, cada quince días,  para firmar el libro de asistencia.

Medida sustitutiva

Ser de origen extranjero y contar con una residencia permanente en el país fueron los elementos que influenciaron la resolución del juez, de Santa Rosa, para conceder arresto domiciliario a Rotondo. Se conoció que el acusado residía anteriormente en el Perú.

Además, los abogados de la defensa presentaron medios de arraigo donde prueban que el jefe de seguridad de la mina tiene un contrato en el que recibe beneficios, comisiones por resultados anuales de la empresa.

Según esta fuente anónima, habría sido favorable que el juez dictaminara prisión preventiva en su contra ya que había tratado de huir del país antes de ser capturado.
Luego de que esta semana el juez lo ligara a proceso le corresponde, entonces, al MP recabar las pruebas para el caso, para lo que cuenta con  40 días. “No nos cabe la menor duda que va a ser condenado”, afirmó.