Rosa Matilde Guerrero, consultora internacional sobre mercados financieros, indica que el proyecto de Ley de Microfinanzas en Guatemala constituye uno de los elementos de la política pública de promoción de MIPYMES,

Y que busca constituirse en una de las herramientas que promueva el acceso y utilización de los servicios financieros formales por parte de la población excluida y de aquellas que no tienen servicios de calidad.

Al referirse sobre los elementos centrales del Proyecto de Ley, argumentó que está basada en las “mejores prácticas”, para que sean sostenibles, rentables y por ende se encuentren en posibilidades de entregar mejores servicios financieros a los productores rurales.

Guerrero indica que para lograr esto se deberán cumplir con requisitos como: apoyo de gobiernos municipales y corporativos, capital mínimo con adecuados períodos de aproximación conforme al mercado, requerimientos patrimoniales, límites de exposición, control y gestión de riesgos propios del sector de microfinanzas, límite del endeudamiento; requerimiento de provisiones, tratamiento de intereses y provisiones; entre otros.

Asimismo, expresó que los microcréditos no son más riesgosos que los créditos de consumo o comerciales, pero sí es más costoso porque atienden en general a personas sin historial crediticio o información financiera organizada, con montos de baja cuantía.

“Por lo tanto es fundamental el mejoramiento en la cantidad, precisión y calidad de la información sobre el historial de los clientes y potenciales clientes, lo cual permitirá contar con información del riesgo de crédito adecuada, sobre un número mayor de clientes y a un costo menor, con lo que se espera que, entre otros sectores, las MIPYMES y los consumidores de ingresos medios y bajos estén en capacidad de obtener financiamiento en mejores condiciones y que sean incluidos en los sistemas financieros formales”, concluyó.