La ausencia de un tratado de extradición con Colombia nos evita el bochorno de tener que solicitar que el capo del narcotráfico Otto Herrera fuera puesto a disposición de la justicia guatemalteca, porque conociendo la forma en que ésta procede se podrí­a afirmar que Guatemala es posiblemente el paí­s menos apto para juzgarlo y, si en el muy remoto e improbable caso se le llegara probar algo para condenarlo, también serí­amos el paí­s menos apto para garantizar su permanencia en la cárcel.

Para quienes aún creen que no hemos llegado a la condición de Estado fallido, basta ver nuestra absoluta incapacidad e impotencia frente a una figura del crimen organizado como Otto Herrera para entender que estamos a años luz de alcanzar las garantí­as de que el Estado podrí­a actuar en la aplicación de la ley. No estamos hablando de acciones extraordinarias ni de manifestaciones estatales desusadas, sino que de lo que cualquier Estado en el mundo tiene que poder garantizar como una de sus funciones esenciales, es decir, el cumplimiento de la ley y su aplicación a quienes delinquen.

El caso de Otto Herrera es importante porque nos permite hacer una rápida radiografí­a del sistema para entender que no estamos en capacidad de poder manejar un proceso contra una persona con tanto poder. Si en Colombia se dice que ofreció varios millones en efectivo a sus captores y sabemos que en su residencia en La Cañada fueron incautados más de 15 millones de dólares, debemos entender que es capaz de disparar cañonazos que nuestras autoridades no podrí­an resistir. Y aunque Guatemala tuviera preeminencia en la solicitud de extradición y la captura de Herrera hubiera sido por gestión nuestra, es seguro que no podrí­amos garantizar su permanencia en la cárcel mientras se ventila el proceso porque aquí­ hasta delincuentes de poca monta logran evadirse sin consecuencias, no digamos alguien que puede comprar no sólo a los funcionarios de presidios sino a sus más altos superiores.

Un Estado puede tener problemas para cumplir con sus obligaciones de dar educación y salud a su pueblo si carece de recursos y hay tenaz oposición al pago de impuestos, pero lo que ningún Estado podrí­a dejar de hacer es administrar correctamente la justicia porque en el marco de la más absoluta impunidad el carácter de fallido es irrefutable. Y ese es el caso que se desnuda ahora cuando se vio al Fiscal General hablando de que nuestro paí­s podrí­a pedir la extradición de Herrera, porque no creemos que ningún guatemalteco haya pensado que era un paso prudente, por mucho que legalmente tuvieran que darlo para no incurrir en responsabilidades, puesto que todos los que vivimos en Guatemala sabemos perfectamente que hubiera sido imposible cumplir con aplicar la ley al individuo Otto Herrera.