Dentro de los planteamientos más serios que se han hecho sobre la realidad nacional en los últimos tiempos, vale la pena destacar el llamado urgente a reformar la Ley de Comisiones de Postulación que hicieron el Movimiento Pro Justicia y el Foro Guatemala, puesto que a diez meses de que se inicie el proceso para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como titulares del Ministerio Público y de la Contraloría General de Cuentas, es indispensable revisar el mecanismo existente y que abrió las puertas a que grupos del poder oculto mantengan secuestrado al sistema de justicia y asegurada la impunidad en casos de corrupción.

La idea de las comisiones de Postulación surgió en el Consejo de Estado instalado tras el golpe de Estado de 1982 como un mecanismo para trasladar al mundo académico la responsabilidad de integrar el Tribunal Supremo Electoral. Históricamente la autoridad electoral guatemalteca dependía del poder político y los resultados fueron años de fraudes electorales que burlaron la voluntad popular. Se pensó, entonces, que si se trasladaba a las universidades y al Colegio de Abogados la responsabilidad de postular candidatos para integrar el TSE, se aseguraba la independencia y honorabilidad de sus integrantes, como de hecho ocurrió la primera vez que se utilizó ese mecanismo.
 
 Pero como hecha la ley, hecha la trampa, los perversos poderes ocultos se dieron cuenta del potencial existente y empezaron a cooptar la academia. Las decanaturas de las facultades de Derecho ya no eran ambicionadas por académicos de prestigio, sino por miembros de las mafias que vieron la importancia de ser parte de las comisiones de Postulación, para entonces ya extendidas a la integración de las Cortes y para designar Fiscal General y Contralor de Cuentas.
 
 El Colegio de Abogados, cuya directiva antaño se disputaban grupos de prestigio académico porque era un verdadero honor dirigir al gremio de juristas, pasó a convertirse en terreno fértil para que los grupos interesados en el secuestro de la institucionalidad judicial del país invirtieran recursos en campañas que se volvieron millonarias, como las de decanos y rector, porque lo que está en juego es muchísimo más que ese honor que antaño atraía a verdaderos prohombres.
 
 En otras palabras, para despolitizar y depurar el proceso de selección de magistrados y funcionarios, se trasladó a la academia la responsabilidad de postular candidatos. La idea original no era mala, pero no se contó con que el efecto sería la prostitución de ese mundo académico por la infiltración de los poderes fácticos que ahora, más que nunca, tienen control absoluto de toda la institucionalidad para asegurar que pueden realizar el saqueo del país con total impunidad.
 
 Si en los últimos años las comisiones de Postulación fueron un hervidero de negociaciones espurias, ahora, tras ese pacto de enormes proporciones que se hizo entre el poder oculto, el capital tradicional, el capital emergente, el crimen organizado y los sectores políticos, resulta mucho más importante asegurar la cooptación del sistema de justicia y por ello nunca como ahora veremos tanta presencia de esos poderes aconchabados en las comisiones postuladoras.
 
 Pero siendo absolutamente realistas, los diputados a los que el Movimiento Pro Justicia y el Foro Guatemala hacen el llamado, los oirán como oír llover porque ellos son parte de ese tenebroso pacto para explotar hasta el último centavo del erario en el juego de la corrupción. Y nada sería tan efectivo para rescatar la institucionalidad democrática que una reforma profunda del sistema de comisiones de Postulación, pero ya sabemos que para eso, para hacer las cosas bien, no están nuestros flamantes diputados.