Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico; el Presidente lo declaró así a medios internacionales y lo recogió, por ejemplo, El País de España, mientras que el Ministro de Gobernación afirmó contundentemente que había una estructura de los Zetas que aprovechaba la protesta contra la mina.

Ayer, sin embargo, tanto el Ministro de Gobernación como la Fiscal General, dijeron que no había evidencias de vínculo con el narcotráfico, no obstante que se había señalado a los dirigentes del Parlamento Xinca y de la comunidad de Santa María Xalapán, de estar vinculados con los Zetas. Ahora se dijo que el Estado de Sitio se dispuso para recuperar los explosivos robados a la mina San Rafael y para recuperar las armas que les fueron robadas a los policías retenidos ilegalmente por pobladores.
 
 El Estado de Derecho, con plenas garantías constitucionales, contiene mecanismos para perseguir a todos los delincuentes y a quienes hayan incurrido en actos ilegales como el robo de explosivos, secuestro de agentes de la autoridad y destrucción de vehículos y robo de armas. El mismo Estado de Derecho contiene los mecanismos para sancionar a los agentes de seguridad de la mina que agredieron a particulares. Ese mismo Estado de Derecho tiene mecanismos, inútiles por cierto, para investigar por qué los inversionistas se quejaron hace pocos meses de que les estaban pidiendo dinero a cambio de otorgar la licencia y cómo fue que mágicamente la misma les fue otorgada.
 
 Desde el principio dijimos que las autoridades tenían que ser muy cuidadosas con los señalamientos porque no es correcto embarrar a toda una comunidad como la de Xalapán diciendo que actúan por vínculos con el narcotráfico, concretamente con los Zetas, para después cambiar la versión. Queda en el ambiente el primer señalamiento y como dice bien el dicho, esa agua derramada no se puede recoger por completo aunque se hagan aclaraciones como las que ayer intentaron el ministro López Bonilla y la fiscal Paz y Paz.
 
 Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería. Y como no se ha tomado en cuenta para nada el sentir de la población y su rechazo ha sido olímpicamente ignorado, es natural que existan focos de conflicto por la falta de respeto a la gente. Pero el Gobierno, para sofocar el descontento, respondió anulando las garantías constitucionales que dan derechos al pueblo. ¿Resolvió eso el problema o sólo lo exacerbó? El tiempo nos dará la respuesta.

Minutero:
Criminalizar la protesta 
es la intención manifiesta; 
si no quieren dialogar 
palo tienen que dar