Por los antecedentes de gobiernos anteriores y del actual en lo que concierne a su arbitraria protección a las empresas multinacionales dedicadas a la explotación de metales, y en lo que atañe a las constantes contradicciones en que incurre el Presidente y sus ministros respecto a otros asuntos de interés general, es sumamente difícil concederle crédito a sus argumentos que pretenden sustentar la decisión de decretar el Estado de Sitio en cuatro municipios de Santa Rosa y Jalapa.
En medio de mi escepticismo me preguntó ¿Cómo es posible que hayan desplegado a 8,500 elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil para controlar y eventualmente atacar a los habitantes de esa área en la que opera la mina San Rafael? ¿No es desproporcionado ese aparato de fuerza e intimidación? ¿Es cierto, como señala el Gobierno, que los vecinos de los municipios de Casillas, San Rafael las Flores, Mataquescuintla y Jalapa “han puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado”?
¿Dónde quedan las palabras del mandatario cuando en fechas recientes ha sostenido que no hay indicios de una posible ingobernabilidad, como lo especulan sus críticos y opositores políticos? ¿Cuándo se puede confiar en las declaraciones del Ministro de Gobernación? ¿El momento en que asegura que las fuerzas de seguridad no atacaron con armas de fuego a los pobladores que se oponen al funcionamiento de la mina sino que utilizaron balas de goma y sólo faltó decir que únicamente les lanzaron poporopos shucos para que se indigestaran; o la mañana siguiente al admitir que agentes de la PNC sí emplearon sus instrumentos letales?
Es posible que alguna estructura criminal, incluso vinculada a los Zetas, se haya infiltrado en las protestas contra la mina para realizar acciones al margen de la ley, tal como lo aseguraron el Presidente y el ministro Mauricio López Bonilla, pero causa extrañeza que las órdenes de captura se hayan girado en contra de líderes sociales que no han ocultado su oposición a las industrias extractivas y han procedido pacíficamente. Como lo precisó Roberto González Ucelo, dirigente del Parlamento Xinca “Es la oportunidad del Gobierno de demostrar si realmente hay bandas de delincuentes que operan en la región”.
Quizá si altos funcionarios del Gobierno no se contradijeran a menudo y como buenos políticos no mintieran frecuentemente en torno a la supuesta transparencia en los negocios del Estado, no se pondría en duda sus aseveraciones referentes a la implantación del Estado de Sitio.
Al respecto, traigo a cuento un correo que acabo de recibir: dirigentes de tres partidos políticos rivales entre sí viajan conjuntamente a participar a un seminario, en un autobús que se embarranca en una curva. Cuando llegan socorristas, agentes de la PNC y fiscales del MP entrevistan a varios lugareños preguntándoles:-¿Vieron a los políticos que se accidentaron? Los aldeanos responden: -¡Sí y a todos les dimos cristiana sepultura! -¿Todos estaban muertos, pues? Inquieren uno de los campesinos replica: -Algunos decían que no; pero ya sabemos cómo son de mentirosos esos hijos de su madre.