Durante el gobierno que presidiera el doctor Juan José Arévalo Bermejo, Guatemala creó las bases de una política laboral actualizada, se reconoció el trabajo como un derecho y como una obligación; se creó el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se plasmó en la Constitución de la República de ese momento una serie de preceptos donde los ciudadanos, hombres y mujeres, que aportaban su trabajo a la productividad del país adquirieron derechos y obligaciones.

A partir de ese época, en Guatemala se ha reconocido que el trabajador es sin duda alguna importante elemento que contribuye a la producción, tanto interna como a las exportaciones del país. Lentamente se han establecido el derecho a vacaciones remuneradas, después de un año de labores. Posteriormente se reconoció la necesidad de una prestación o indemnización cuando el laborante es cesado en sus funciones sin que exista una causa específica de despido.

Fue, asimismo, como se reconoció la necesidad de un aguinaldo o bonificación en el mes de diciembre y en el mes de enero, que complemente los ingresos de todos los trabajadores del sector público y del sector privado; ante la discusión y disyuntiva de la indemnización universal se transó por la creación de lo que actualmente se llama el bono 14.

Si comparamos la política laboral de nuestro país con la de naciones desarrolladas, como Europa, sin duda alguna los trabajadores de Guatemala se encuentran en menos buenas condiciones. Si bien existe representatividad laboral en las comisiones paritarias de salario mínimo, en la Comisión Nacional de Salario y en la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en la junta directiva del Intecap y en otras instituciones, la organización laboral no se ha sabido desarrollar, prueba de ello es que, por ejemplo, en la junta directiva del IGSS sus representantes han sido muy poco eficientes y se conforman con obtener ventajas y privilegios personales: piloto, automóvil y dos o tres plazas de trabajo que no benefician a quienes representan, sino al miembro de la junta directiva que representa a los trabajadores. El mejor ejemplo de su poca eficiencia talvez ha sido Rigoberto Dueñas, quien incluso se plegó a las propuestas de la presidencia y de la gerencia en los años 2002-2004, hecho que le significó ser acusado y guardar prisión preventiva casi un año. Si se analiza el resultado de su representatividad en las comisiones de salario mínimo y en la comisión nacional, encontraremos que su capacidad de convencer al sector público que es el tercer representante que en muchos casos inclina la balanza en las discusiones, encontraremos que su eficiencia es muy baja.

Los representantes laborales, por lo regular, solo llenan el espacio pero no logran convencer ni a los representantes del sector público, menos a los representantes patronales para encontrar una política laboral que beneficie a la mayoría de los guatemaltecos que viven, ellos y sus familias, de un salario.
En un país en vías de desarrollo, como lo es Guatemala, la falta de una política laboral adecuada, incluso de una política laboral en los partidos políticos, especialmente en los partidos de gobierno, impide que la clase media crezca y se desarrolle; por ello, un millón y medio de guatemaltecos han inmigrado buscando una mejor oportunidad de trabajo y un mejor ingreso.

En el actual gobierno, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, podrían dejar de existir que no significaría mayor cosa para los trabajadores y para la política laboral del país. La Presidencia debe cambiar esta injusticia.
¡Guatemala es primero!