La Procuraduría de los Derechos Humanos fue incorporada a la Constitución de la República de Guatemala en 1985 conjuntamente con la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Nuestro país fue el primero en América Latina en establecer el personaje de ‘Procurador de los Derechos Humanos’, tomando el ejemplo de países como Suecia que en 1809 instituyó el célebre “Ombudsman” y de España, que en 1978 formó el “Defensor del Pueblo”.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala tiene como principal objetivo garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución de la República y respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dentro de su organización cuenta con las siguientes defensorías: del Adulto Mayor, de la Juventud, de la Mujer, del Trabajador, de la Discapacidad, de la Niñez, del Recluso, de la Población Migrante, y de la Población Indígena. La entidad está presidida por el Procurador de los Derechos Humanos quien actúa con absoluta independencia, es Comisionado del Congreso de la República, y dentro de sus principales objetivos se encuentra garantizar la defensa de los Derechos Humanos y proteger la vigencia de un auténtico Estado de Derecho. El actual Procurador de los Derechos Humanos o ‘Magistrado de Conciencia’, Jorge Eduardo de León Duque, quien fue electo por los diputados del Congreso de la República para el período 2012-2017, expone que él está para proteger y amparar los derechos fundamentales de la población. Como parte de su trabajo piensa incorporar tres defensorías más: del Usuario del Transporte Urbano, de la Salud, y del Consumidor. El Procurador también posee las siguientes atribuciones esenciales: “Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de Derechos Humanos; investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas; investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos Humanos; recomendar en privado o públicamente a los funcionarios, la modificación de un comportamiento administrativo objetado; emitir censura pública por los actos o comportamientos contra los derechos institucionales; promover acciones o recursos judiciales o administrativos, en los casos en que sea procedente, y otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.” El lunes 29 de abril de 2013 el Procurador Jorge Eduardo de León Duque, por medio de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, presentó el “Informe de Acceso a la Información Pública 2012”. Esta ley se aprobó según el Decreto 57-2008 del Congreso de la República y se creó con “la finalidad de garantizar a las personas la auditoría social de las dependencias del Estado, y de esta manera fortalecer la trasparencia en el uso de los recursos públicos.” Según el Artículo 46 de esta Ley, la autoridad reguladora es el Procurador, en términos de la ‘Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República’. En conferencia de prensa el Procurador declaró que “con la presentación de este Informe se abre una nueva etapa de fiscalización y monitoreo para exigir a quienes manejan fondos públicos que sean responsables y comprometidos en decirle a los guatemaltecos en qué invierten los impuestos.” Además expresó que “la transparencia debe ser el denominador común de todos los funcionarios públicos y esta gestión tomará como uno de sus ejes fundamentales el exigir que cumplan con la legislación.” La Procuraduría está ubicada en la 12 avenida 12-54 zona 1 de la Ciudad de Guatemala, con teléfonos para denuncias 2424-1717 y el 1555, disponible las 24 horas.