En los últimos tiempos el sistema judicial de Guatemala se ha sometido a diversas pruebas que resultan cruciales para determinar si hay avances reales en la lucha contra la impunidad a poco tiempo de que termine el período pactado con la comunidad internacional para asistirnos en la lucha contra ese flagelo que ha propiciado no sólo incremento en la violencia, la criminalidad común y organizada, sino también ha facilitado el saqueo del Estado y de los recursos públicos porque el aparato funciona para proteger a los que se enriquecen en el ejercicio del poder y a sus cómplices.

Ahora, con la decisión de decretar el Estado de Sitio en municipios de Jalapa y Santa Rosa, el Gobierno niega que sea para proteger a la mina que fue autorizada por las autoridades (obligadas a cumplirles a los mineros, por obvias razones) y se sostiene que se trata de una operación contra el crimen organizado que está detrás de la crisis existente en las regiones vecinas a la mina San Rafael. Parte de la lucha contra la impunidad está en probar más allá de cualquier duda ese tipo de señalamientos que se hacen contra dirigentes comunitarios, puesto que es importantísimo que se corrobore que las acusaciones que se hacen a los líderes comunitarios de ser parte o de estar vinculados con el crimen organizado, sean probadas. No es simplemente cuestión de formular tan graves cargos aprovechando el Estado de Sitio para capturar a medio mundo, sino que en respeto al estado de derecho se tienen que judicializar tales acusaciones aportando pruebas, si las tienen, para poner a funcionar el sistema de justicia.
 
 El problema que tiene el Gobierno en buena parte tiene que ver con la percepción que hay entre la ciudadanía de que la única agenda importante de las autoridades es cumplir con sus financistas y hacer negocios. Desde esa perspectiva, uno supone que la minería no es sino una parte más del inmenso portafolio de negocios que manejan los funcionarios y que la decisión de ignorar las posiciones de los pobladores y de sofocar la protesta acusando a los que la ejercitan de ser parte del crimen organizado, puede ser consecuencia de los intereses de ese gran portafolio.
 
 La única forma de lograr que los ciudadanos tengan confianza plena en sus autoridades es si se termina toda forma de impunidad y se consagra como realidad el principio de igualdad de todos ante la ley. Eso, sin embargo, sigue siendo si mucho una aspiración en la sociedad guatemalteca, plagada de privilegios y beneficios para unos pocos y con un sistema judicial que se presta a los juegos de intereses y de poder.
 

Minutero
A mayor endeudamiento
vendrá mucho mayor sufrimiento;
dentro de poco el prestamista
de recortes hará su lista