El Estado de Sitio ordenado por el gobernante Pérez, mediante Acuerdo Gubernativo 6-2013 en vigor desde ayer 2 de mayo, decretado en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla en el departamento de Jalapa y en San Rafael Las Flores y Casillas en el departamento de Santa Rosa, derivado según el gobernante, de los recientes enfrentamientos que los pobladores han protagonizado con las fuerzas del orden público por el rechazo a las actividades de la mina San Rafael, que como se sabe inicia operaciones el próximo 25 de junio.
Como todos los estados de Excepción, esta medida gubernamental vulnera la vigencia y el respeto pleno de derechos humanos de las personas, pues suspende elementales garantías consagradas en la Constitución Política de la República, tales como los derechos de reunión y manifestación pacífica, la libre locomoción y las libertades de acción y organización. Imponer el uso de la fuerza y la represión violando derechos humanos, nunca es la mejor manera de gobernar un país, puesto que este tipo de medidas también lesionan la vida en democracia.
En el afán de justificar el Estado de Sitio, el gobernante Pérez y el ministro de Gobernación Mauricio López, sindican a los pobladores de cometer actos delictivos, tales como asesinato, secuestro y asociación ilícita, también los señalan de terroristas, todo porque desde hace más de dos años, los habitantes de las comunidades afectadas, protestan por el daño que la actividad minera provoca al medio ambiente y porque en ningún momento se consultó a la población, acerca de las actividades mineras que explotan los recursos naturales y afectan su territorio.
Las comunidades y autoridades xincas de Xalapán, mediante un comunicado público que recibí, responden y rechazan las acusaciones, exigiendo respeto a sus derechos. A continuación cito algunos de los principales fragmentos del comunicado:
“Las rotundas declaraciones del Ministro de Gobernación de tildar públicamente de terroristas a las personas que actualmente protestan contra la entrada de operaciones de la mina, pone en riesgo la estabilidad social en la montaña, debido a que no se puede hablar de democracia en un país donde nunca hubo una consulta previa a la comunidad para la instalación minera. Asimismo, donde no se respeta la libertad de protesta amparada en la Constitución Política de la República, y en el marco de los derechos de pueblos indígenas en territorios indígenas.”
En otro apartado sostienen: “Conociendo la situación en Xalapán, nuevamente se incurre en irresponsabilidad por parte de las autoridades porque de manera abrupta ingresaron a la comunidad indígena, lo cual fue una clara provocación, por no seguir protocolos de mediación de conflictos.”
Luego, cuestionan el Estado de Sitio y llaman a la resistencia pacífica, afirmando: “El anuncio público de imponer Estado de Sitio en la región, aumenta la tensión y la resistencia comunitaria, con lo cual se demuestra que no existe capacidad institucional para el abordaje de conflictos territoriales, esto debilita los mecanismos que debieran considerarse dentro de un proceso de fortalecimiento de los Acuerdos de Paz.”
“Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social amplio, tanto nacional e internacional, para estar atentos ante la situación en Xalapán, sus pronunciamientos y muestras de apoyo y acompañamiento para que se continúe la RESISTENCIA SIN VIOLENCIA. A nuestros hermanos y hermanas de lucha, para que retomemos las acciones de resistencia sin violencia. La protesta es un derecho, es una forma de defendernos en medio de una estrategia militarizada de represión contra las y los defensores de derechos humanos.”
El comunicado finaliza criticando el capitalismo prevaleciente e indicando: “Que nos acompañe la luz y claridad en las acciones de resistencia ante los efectos de este sistema capitalista neoliberal, patriarcal, racista y colonizador.”