Un vecino de la aldea Sabana Redonda, en San Rafael las Flores, Santa Rosa y un agente de Policía Nacional Civil (PNC), murieron durante la jornada de resistencia a las actividades extractivas de la mina San Rafael ubicada en ese municipio y de protesta por el reciente acuerdo entre municipalidades, gobierno y la citada empresa.
Un reporte del Centro de Medios Independientes (CMI) señala que unas 2 mil personas se dieron cita en Sábana Redonda el pasado lunes, a inmediaciones de la mina San Rafael, como muestra de rechazo al reciente acuerdo que firmaron cinco municipalidades de Santa Rosa y la empresa, con el aval del gobierno, de incrementar voluntariamente a 5 por ciento las regalías; la Ley de Minería establece el 1 por ciento.
Aproximadamente a las 23:00 horas, el grupo escuchó unos disparos de escopeta provenientes de una casa que alquila personal de la corporación minera; a los pocos minutos, agentes privados y de la PNC llegaron a bordo de vehículos de la mina San Rafael para dispersar la protesta, según la información del CMI, recopilada de testimonios locales.
La población aseguró que fueron los propios trabajadores de la mina quienes prendieron fuego a la casa y a cuatro vehículos; un contingente intervino con bombas lacrimógenas, momento en el que resultó un poblador y uno de los agentes muertos por heridas de proyectiles de armas de fuego, según reportes de Prensa Libre y elPeriódico.
Agentes fueron interceptados
De acuerdo con el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el lunes 29 en la noche, 23 agentes de la PNC se movilizaron al lugar, cuando fueron interceptados por un grupo de campesinos que los retuvieron; a las 6:00 horas del día siguiente, unos 2 mil agentes al mando de Gerson Oliva, Director de la Policía, incursionaron para liberarlos.
En el hecho resultaron heridos 10 agentes, dos de ellos de gravedad; un policía recibió un impacto de bala en el pecho y falleció en el lugar; grupos de personas con gorros pasamontañas irrumpieron en tres viviendas donde se hospeda personal de la mina, las saquearon y les prendieron fuego, aseguró López Bonilla.
El Ministerio Público (MP) solicitó al Juzgado Primero A de Mayor Riesgo que declare el caso en reserva total, para que sólo las víctimas, los fiscales y quienes sean capturados tengan acceso a la información.
El Ministro del Interior responsabilizó a Roberto González Ucelo, Presidente del Parlamento Xinca y a Rigoberto Aguilar Ucelo, de liderar el grupo que provocó los incidentes y del robo de 23 pistolas; el primero enfrenta una denuncia por secuestro y plagio.
El Presidente Otto Pérez Molina pidió un informe circunstanciado al Ministerio de Gobernación y evalúa declarar Estado de Excepción en Santa Rosa y en Jalapa, departamentos en donde han ocurrido otros cuatro hechos similares, desde noviembre del 2012.
Organizaciones condenan los hechos
Integrantes de la Marcha Indígena, Campesina y Popular, expresaron en un comunicado que se trata de una forma de represión contra la población; empieza la criminalización y el discurso que justifica el uso de la violencia por parte del Estado, para proteger los intereses de las empresas.
Las autoridades culpan a los líderes del Parlamento Xinca de secuestro para poder desalojar y romper con la organización comunitaria ancestral, que ha velado por el cuidado de los recursos naturales y de la vida, señala el comunicado de la Marcha Campesina.
De acuerdo con la información de ese grupo, ocho consultas de buena fe se han llevado a cabo en la región; los resultados son de total rechazo a la exploración y a la explotación minera, sin embargo el pasado 3 de abril, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) oficializó la concesión por 25 años, la más prolongada en su tipo en la historia reciente del país, a la empresa San Rafael.
Según un pronunciamiento del Parlamento del Pueblo Xinca, circulado a través de Facebook, el ataque de personas con gorros pasamontañas es una prueba de que grupos de poder tratan de desestabilizar y deslegitimar la lucha pacífica de la población.
El Parlamento del Pueblo Xinca cuestionó las decisiones tomadas por el Ministerio de Gobernación, pues están encaminadas a priorizar la defensa de la propiedad privada y no a garantizar la vida y la seguridad de la población.
En conmemoración al Día del Trabajo, PENNAT, Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajador, realizó un llamado de conciencia para erradicar el trabajo infantil y así darles una mejor condición de vida a todos los infantes que día a día trabajan, muchas veces en condiciones poco seguras, para sustentar el ingreso familiar.
PENNAT es una Organización No Gubernamental que atiende anualmente aproximadamente a 800 menores de edad de toda la República, brindándoles educación primaria.
Lenina García, encargada del programa, señaló que la organización se mantiene gracias a colaboración de entidades internacionales, sin embargo ésta no es suficiente para atender a todos los niños; indicó que desde hace cinco años han solicitado al gobierno un subsidio, pero no les ha sido otorgado, por lo que reiteraron su llamado de apoyo al Ejecutivo.