Si algo puede definir la situación en que se encuentra el proceso por genocidio en el que son acusados los militares Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez es la palabra enredo, puesto que las acciones judiciales se han enturbiado de tal manera que ni siquiera los mismos juzgadores y los profesionales pueden decir el estado en que se encuentra el proceso y las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad tan confusas que obligan a las partes a realizar constantes consultas para que los magistrados expliquen qué quisieron decir en sus resoluciones.

El problema, en consecuencia, se agrava por la percepción de la opinión pública local e internacional, puesto que lógicamente se tiene que asumir que hay interés por mantener el enredo y por enturbiar un proceso que ha generado tanta contradicción en el país. En consecuencia, al final de cuentas no importará si el camino se endereza, porque la percepción está quedando totalmente enturbiada por las actuaciones inexplicables de una Corte de Constitucionalidad que tendría que esmerarse por la transparencia y claridad para disipar dudas en forma absoluta.

Si algo es fundamental para cimentar el Estado de Derecho es que el ciudadano perciba que los tribunales operan y actúan con absoluta transparencia. Pueden estar haciendo las cosas bien, pero si lo hacen de manera que traslada mensajes confusos a la población, es natural que se asuma que hay interés por manipular los procesos. Y sobre todo cuando se trata de asuntos de alto impacto, en realidad de impacto paradigmático, como puede ser el caso del enjuiciamiento por los abusos y excesos cometidos durante el conflicto armado interno, lo que ha desatado una nueva confrontación ideológica que se ve alentada por la actitud irresponsable de juzgadores que disparan resoluciones que ni ellos mismos entienden y que luego tienen que estar sometiendo a consultas o aclaraciones.

Un tribunal integrado como la Corte de Constitucionalidad, donde se supone que están los letrados más competentes en la interpretación de la ley, tiene que ser didáctico en sus resoluciones para que la población entienda la forma en que se administra la justicia. Cuando se recurre a procedimientos torcidos y enredados, es porque hay ánimo de encubrir las cosas y eso lo percibe la opinión pública, lo que al final se traduce no sólo en deterioro de imagen del Sistema de Justicia, sino que además se pierde la fe y confianza en las autoridades encargadas de aplicar la ley.

Por ello es del caso exigir a los operadores de justicia, absoluta claridad cuando resuelvan u opinen en este caso especialmente.

Minutero:
Cuando nuestros magistrados
resuelven cual tarados
confunden a la población
que sospecha de corrupción