Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, aceptó las pruebas presentadas por la defensa de Efraín Ríos Montt –cumpliendo con lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad (CC)– y ordenó que el expediente del caso por genocidio regrese al Tribunal donde se procesa al ex jefe de Estado.

Flores decidió el pasado 18 de abril que el proceso contra Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez debía regresar al momento en que se encontraba el 23 de noviembre de 2011, anulando de esa manera el debate que ya se encausaba hacia la fase de conclusiones en el Tribunal Primero de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Yassmin Barrios.

Pero en una audiencia realizada esta tarde la juzgadora aceptó las pruebas, cumpliendo lo dispuesto por la CC, y ordenó que el expediente de la causa contra los exmilitares regrese al Tribunal que diligencia el debate.

No obstante, Flores aclaró que continúa vigente su fallo de la semana pasada porque aún no ha sido revocado.

Jaime Hernández, integrante de la defensa, señaló que desistieron de un amparo presentado ante la Sala Cuarta de Apelaciones, donde alegaban que no se les aceptaron todas las pruebas propuestas para el juicio, por lo que consideran que la audiencia de hoy no tiene sentido.

Ante esto, Flores manifestó que «se han dado varias situaciones» y «como juez de garantías debo respetar el debido proceso».

«La defensa señala que desistió de los amparos, pero yo no he sido notificada y por lo tanto en esta audiencia le doy cumplimiento a lo ordenado por la CC; respecto a la anulación ordenada por la Cámara de Amparos y Antejuicios está vigente porque son dos cosas diferentes», puntualizó.

Los abogados que defienden a los exmilitares señalaron que la resolución emitida es contradictoria a la del fallo de la semana pasada y reiteraron que habían desistido de solicitar la recepción de pruebas.

Por otro lado, Edgar Pérez, abogado de la organización Asociación Justicia y Reconciliación, entidad querellante, señaló que el fallo de Flores de anular el proceso no está en firme porque ya fue impugnado.

En tanto, integrantes de la organización CALDH, también querellante, esperan que el Tribunal reciba el expediente y señale una fecha para reactivar el debate.

*Con información de Jody García.