La Cámara de Diputados argentina convirtió hoy en ley una parte de la polémica reforma del Poder Judicial que según la oposición vulnera la independencia de la justicia y garantiza al gobierno la impunidad.
BUENOS AIRES Agencia AP
En una larga sesión salpicada por los duros cruces verbales entre la oposición y el oficialismo, los legisladores aprobaron la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, muy resistida por un amplio abanico de opositores y grupos civiles.
Ambas iniciativas ya contaban con media sanción en el Senado, donde el peronismo oficialista también tiene el control y cuenta con aliados.
La presidenta Cristina Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son camarillas de magistrados que protegen sus intereses. La mandataria indicó que algunos sectores de la justicia son extremadamente lentos a la hora de dictar sentencias y que defienden los intereses de empresas y corporaciones en contra del Estado.
La propuesta que limita el período de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado fue retocada recientemente por el oficialismo porque según organizaciones civiles incurría en la inconstitucionalidad. Se amplió a «sectores socialmente vulnerables» la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista estatal.
Sin embargo, opositores y analistas advirtieron que dichos cambios son insuficientes para garantizar la tutela judicial de los distintos sectores sociales frente al poderío gubernamental. Afirman que viola principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.
El diputado oficialista Jorge Yoma, que estaba en contra de los proyectos gubernamentales, consideró que la reforma judicial «es una de las leyes más indignas que votó el Congreso en 30 años de democracia» y adelantó que acompañará cualquier demanda que se haga en la justicia en contra de lo calificó de una «vergüenza».
El texto aprobado señala que la medida cautelar dictada contra el Estado «sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria… y cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental».
También indica que al otorgar una medida cautelar «el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis meses». En los procesos tramitados «por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres meses», agrega.
Tras el vencimiento del plazo fijado y «previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable», sostiene la propuesta aprobada.
Otro punto polémico es el que afirma que los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que «afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias».
Los críticos de la propuesta señalan que ésta última responde a la batalla judicial que mantiene el gobierno con el multimedios Clarín, el cual logró frenar con medidas cautelares la aplicación de algunos aspectos la ley de medios de 2009 que lo obligaba a desinvertir en el mercado audiovisual. Días atrás una cámara de alzada falló a favor del grupo periodístico para que mantenga su negocio de la televisión por cable, una de sus principales fuentes de financiación, medida que ha sido apelada por el Ejecutivo.
Por otro lado, también salió adelante la iniciativa oficialista para crear tres Cámaras de Casación en lo Contencioso Administrativo, en Trabajo y Seguridad Social y en lo Civil y Comercial, que se sumarán a la ya existente en el fuero penal, como instancia de apelación previa a la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo alega que busca disminuir la cantidad de expedientes que llegan a la Corte Suprema para reducir su carga de trabajo, aunque la oposición sostiene que así se paralizarán muchos juicios, como los que llevan los jubilados contra el Estado para que se actualicen sus haberes.
El oficialismo también logró que se aprobaran el jueves una serie de modificaciones a la propuesta de reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y remueve a los magistrados, que según los opositores son insuficientes para dar el aval a dicho proyecto. A raíz de esos cambios, la iniciativa volverá al Senado para su votación.
Cuando se votaban esas modificaciones, se produjo un fuerte enfrentamiento por las denuncias de los opositores de que, de forma aparentemente fraudulenta, el oficialismo había contado como favorables al proyecto los votos de dos legisladores que supuestamente se habían abstenido.
Los dos disputados en cuestión, Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi, dijeron que se habían pronunciado a favor pero que el sistema electrónico para votar no había registrado sus votos.
Según el gobierno, la reforma del órgano que elige y remueve a los jueces lo hará más eficaz, transparente y democrático. De los 13 miembros actuales dicho órgano pasaría a tener 19 que serían elegidos durante los comicios, teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.
Según las críticas de analistas, el proyecto busca que el partido que gane las elecciones se asegure la mayoría de los miembros del Consejo o una suerte de mayoría automática de al menos diez o más de los integrantes del órgano.
El proyecto oficialista de reforma del Poder Judicial contiene otras tres propuestas que ya tienen media sanción de la Cámara de Diputados y que serán tratadas próximamente en el Senado. Consisten en la publicación en internet de las declaraciones patrimoniales de los jueces y los demás funcionarios públicos, así como de las resoluciones de la Corte Suprema y de los tribunales federales, y que el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial sea mediante concurso.