La Corte de Constitucionalidad (CC) entró en sesión hoy y aunque al cierre de esta edición no estaba confirmado el tema a tratar, los sujetos procesales esperaban una resolución de los recursos planteados en torno al caso contra Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.  

En medio de expectativas de las partes involucradas en el juicio por genocidio y deberes contra la humanidad, a las 10:00 horas de hoy se inició el pleno de magistrados del máximo tribunal constitucional.

Mientras tanto, familiares de las víctimas, y de desaparecidos durante el conflicto armado interno exigieron que la Corte resuelva a la brevedad. Claudia Samayoa, activista en Derechos Humanos participó de un plantón realizado esta mañana frente a la CC.

“Trajimos una manta con firmas de más de 250 víctimas de las Verapaces que se manifiestan de esa forma, porque no podían venir hasta acá, pero el mensaje es que hay muchos que estamos preocupados por lo que está ocurriendo y le pedimos a la CC que resuelva de manera pronta y de acuerdo a derecho, porque el Estado de Derecho está en juego”, enfatizó Samayoa.

Por su parte, Jaime Hernández abogado de Ríos Montt indicó que esperan que el ente “rescate el Estado de Derecho, el debido proceso y no deje amedrentarse por presiones de los querellantes adhesivos y todas las demás personas involucradas en el caso”.

Hernández agregó que “es necesario que la CC tome una acción que sepa que los efectos de la resolución que van a dictar puede traer consecuencias graves al país y puede desquebrajar de forma total el sistema de justicia”.

De acuerdo con el togado, la jueza Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, ha “desquiciado el proceso penal, al decir que no cumplirá con una resolución de amparo hasta que la CC no se pronuncie”.

Por el desacuerdo con el criterio de Barrios, el abogado presentó ante el máximo tribunal una petición de destitución en contra de los tres jueces que integran el tribunal.

ADVERSAN
Mientras tanto, continúa la polémica en torno al comunicado publicado el pasado 16 de abril, “Traicionar la paz y dividir a Guatemala”, firmado por doce altos exfuncionarios de Gobierno y signatarios de los Acuerdos de Paz, donde  manifestaron que la acusación de genocidio constituye un peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose esto el objetivo y la conquista de la paz.

En ese sentido, Rigoberta Menchú, Amílcar Pop, Carolina Escobar Sarti, y seis personalidades más, subrayaron en un campo pagado que “a la paz le antecede la verdad y la justicia”.

El caso contra Ríos Montt fue anulado el pasado jueves, ante un fallo de la jueza Carol Patricia Flores, que regresó el proceso hasta el 23 de noviembre de 2011, resolución que fue impugnada por la parte acusadora.