Sigo sosteniendo que mientras el tribunal que juzga a los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no profiera la sentencia condenatoria o absolutoria, debo abstenerme de tipificar de genocidio los delitos que se les imputan, pero también reitero que es imposible permanecer impasible ante los testimonios vertidos por sobrevivientes de las masacres atribuidas al Ejército, lo que tampoco significa negar que grupos insurgentes cometieron excesos durante la guerra interna.
Llama la atención un desplegado de prensa suscrito por una docena de altos exfuncionarios gubernamentales que afirman que al acusar de genocidio a los militares procesados se estaría traicionando la paz y dividendo a Guatemala, pero los mismos firmantes del texto contribuyen al fraccionamiento del país en dos bandos al tomar partido; a la vez que pareciera que no conocen las circunstancias que privan en numerosas comunidades del país y áreas capitalinas, convulsionadas por hechos violentos que ocurren cotidianamente con saldo de decenas de muertos y heridos, además del estado de conflictividad derivado en gran medida por criminalizar a dirigentes y organizaciones populares por sus legítimos reclamos en defensa de su patrimonio colectivo. ¿Vivimos en un ambiente de paz en Guatemala?, preguntaría a los firmantes de ese texto.
Además, un columnista afirmó que a “esos exfuncionarios e intelectuales” no se les puede encasillar en la derecha sino que, al contrario, se les considera de centroizquierda. Algunos de ellos en un momento dado simpatizaron con la insurgencia y hasta el sociólogo Adrián Zapata fue militante guerrillero, pero hace pocas semanas fungió de Secretario de Desarrollo Rural, y al presidente Pérez Molina sólo en broma podría ser calificado de centroizquierdista.
El dentista Luis Flores Asturias fue Vicepresidente en el gobierno que presidió Álvaro Arzú, a quien ni el más enconado de sus detractores podría clasificarlo en el centroizquierda, como tampoco al expresidente Óscar Berger, quien tuvo de Vicepresidente a Eduardo Stein, previamente Canciller del mismo Arzú, en cuyo régimen fueron ministros Rodolfo Mendoza, de Gobernación; la señora Arabella Castro, Educación; el agroindustrial Mariano Ventura, Agricultura; Marco Tulio Sosa, Salud Pública, y José Alejandro Arévalo, de Finanzas, y la abogada Marta Altolaguirre, Vicecanciller.
El sociólogo Gustavo Porras, después de sus travesuras con la insurgencia, fue secretario privado de Arzú, en tanto que la señora Raquel Zelaya y Richard Aitkenhead fueron ministros de Finanzas del defenestrado gobernante Jorge Serrano Elías, tampoco un paradigmático centroizquierdista.
En todo caso, lo trascendente es que los “campos pagados” no determinen el fallo judicial ni que el proceso se detenga, sino que el veredicto sea obsecuente con las evidencias y que la Corte de Constitucionalidad resuelva de inmediato, ajena a presiones de grupos de poder y procediendo con absoluto apego al espíritu y la letra de la Ley.
(El perspicaz Romualdo Tishudo dice que un sujeto que usa un reloj sabe qué hora es, pero si porta dos relojes nunca sabrá cuál es la hora correcta).