El Estado de Guatemala no se ha podido reponer del proceso de exterminio cuya acentuación se produjo con la llamada “desincorporación” de sus más estratégicos activos. En tanto el gobierno de turno nos ofrecía los cantos de sirena alrededor del cese del conflicto armado interno, aquel 29 de diciembre de 1996, de manera reservada se armaron los preparativos para hacer la piñata de estos importantes activos que incluyeron la red de comunicaciones, electricidad y la telefonía. Pero eso no fue todo.

Mucho se ha dicho y mucho se repite sobre “la eficiencia” de los servicios cuando son prestados desde el ámbito no público. Se suele indicar que la “corrupción” prolifera en lo público, como que si en todo aquello que no lo es, ésta fuese algo ajeno. Falsedades derivadas de la generalización. La otrora mística del servicio público tuvo dos grandes enemigos en el pasado reciente. El primero fue una tendencia voraz de una “dirigencia” sindical que vio en ese entorno la conquista de sus propias ambiciones personales. La segunda, la reiterada campaña para desacreditar el propio servicio público. En la primera entrega de esta serie “Atrapados” en la que nos encontramos como sociedad, traje a colación el hecho de que precisamente en el mismo período se produjo el desmantelamiento del servicio público en todos los ámbitos. Para entonces ya se había fragmentado el ejercicio de la presidencia del Organismo Judicial. Y aunque se han emitido normas para fortalecer la carrera judicial y la celeridad en este tipo de procesos, la consecución de justicia no es un elemento propio de esta forma de gobierno que solemos llamar “democrática”. Es decir no es para todos.

En una sociedad auténticamente democrática la justicia es una de las columnas más importantes para generar los sentimientos de equidad y de igualdad. A partir de éstos se producen las actitudes de fraternidad y de respeto entre los integrantes de la misma. Si en una sociedad se carece del principio de solidaridad emanado de la certeza de la aplicación de la justicia sin distinciones, sin sesgos, no puede esperarse que esta sociedad tenga el arrojo de desear ver plasmada la realización de sus objetivos en el largo plazo. El papel que desempeñan los operadores de justicia en general y los y las jueces en particular es fundamental. Lo irónico de esto es que en tanto la sociedad clama por justicia, los responsables de aplicarla se confabulan para anularla.

La red que nos aprisiona posee entonces un conjunto de elementos que lastimosamente se han venido perfeccionando hasta llevarnos –como individuos– a un punto de indefensión casi total. Si no tenemos la plata para asesorarnos de un habilidoso intérprete de la ley o si estamos luchando contra “el sistema”, la justicia nos será negada. Hay que ser descendiente de alcurnia y no haber caído en desgracia, para que entonces sí, haya posibilidades que la justicia sea una aliada. Alguna vez en esta materia recordé los impresionantes murales del campus de la Universidad de San Carlos, erigidos al final de la década de los 70’s, y en uno de ellos aparecía la diosa Diana con la que suele representarse a la Justicia y su balanza, con la lapidaria leyenda que decía: “En Guatemala, la justicia no solo es ciega, también es puta”.

El corolario del actual estado de cosas es el tipo de sociedad que tenemos. Con sus individuos de mentalidad amarillista, sensacionalista, morbosa, apático, indiferente, intransigente, exigente pero solo cuando se siente con aires de superioridad. Por lo demás también sumiso, agachado. Humillado por tantos años de ignominia. Obediente y temeroso, hipócrita y santulón, poco solidario o solidario a fuerza de “campañas de sensibilización”. Un conjunto de individuos que seguimos esperando que la democracia pueda llegar a todos los ámbitos de la vida en sociedad. Estamos atrapados, pero debe haber salida. Continuará.