Opino que, en general, en Guatemala, nadie ha cometido el delito de genocidio, es decir, nadie ha actuado criminalmente “con el propósito de destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico o religioso” (como afirma el Código Penal); y en particular, nadie ha cometido genocidio étnico.
Durante el denominado “conflicto armado interno”, murieron indígenas atacados por el Ejército de Guatemala; pero no porque el propósito fuera matar indígenas sino porque eran guerrilleros, o porque, aunque no lo fueran, eran utilizados tácticamente por los guerrilleros con el fin de atacar a las fuerzas militares oficiales, o con el fin de defenderse de ellas. De modo similar, murieron ladinos a causa de actos terroristas de la guerrilla; pero no porque el propósito fuera matar ladinos sino porque eran ciudadanos inocentes cuya muerte contribuía a la eficacia de la estrategia de lucha guerrillera. Ambas fuerzas contendientes no fueron genocidas, aunque hubieran actuado con espantosa ferocidad.
Fue genocidio, por ejemplo, el que cometió Jean-Jacques Dessalines, primer gobernante de Haití independiente, cuando, en el año 1804, ordenó matar a los habitantes blancos. Fue genocidio, por ejemplo, el que cometieron los Jóvenes Turcos del Imperio Otomano cuando, entre los años 1915 y 1923, ordenaron matar a los armenios. Fue genocidio, por ejemplo, el que cometió Adolfo Hitler cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, ordenó matar a los judíos. Fue genocidio, por ejemplo, el que, en Ruanda, cometieron los miembros gobernantes de la etnia Hutu cuando, en el año 1994, ordenaron la matanza de los miembros de la etnia Tutsi. Jamás, en Guatemala, aconteció un suceso de esa naturaleza, es decir, una matanza cuyo deliberado propósito fuera destruir un grupo étnico.
Los militares José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez están sometidos a proceso judicial, acusados de haber cometido el delito de genocidio. Opino que la cuestión esencial no consiste en que declarar culpables a los acusados, sea declarar culpable al Estado de Guatemala, el cual, entonces, agregaría a su historia el atributo de haber sido un vergonzoso Estado genocida. Opino también que la cuestión esencial no consiste en que declarar culpables a los acusados podría provocar un nuevo conflicto político armado. La cuestión esencial es que en Guatemala no ha habido genocidio. Entonces es absurdo un proceso judicial para juzgar a ciudadanos acusados de cometer ese delito. Conjeturo que los acusadores mismos de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez no creen que en Guatemala haya habido genocidio; pero invocan ese delito porque promete ser un medio eficaz para lograr que dos de los principales militares que combatieron a la guerrilla, sepulten el resto de su vida en una prisión.
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son solo un medio. El fin es que el Ejército de Guatemala sea judicialmente declarado genocida; y exhibir su pavoroso crimen presunto en el resto del mundo, y perseguirlo con nuevas acusaciones de genocidio, hasta disolverlo en la más vergonzosa infamia internacional. Es decir, realmente está sometido a proceso judicial por genocidio el Ejército de Guatemala. Y presumo que agentes extranjeros con suficiente poder financiero, aliados con gratificados agentes nacionales, lo han sometido a ese proceso judicial, para destruirlo política y moralmente.
Post scriptum. El proceso judicial al cual han sido sometidos Ríos Montt y Rodríguez Sánchez aparenta ser, desde su mismo anomalístico comienzo, un simulacro judicial para dictar una preconcebida sentencia condenatoria.