En Estados Unidos se está llegando a etapas decisivas respecto a una política que permita implementar mejor control sobre la compra de armas y municiones, sobre todo cuando se trata de fusiles de asalto y pistolas, rifles o escopetas con gran capacidad de fuego. En ese país se han ejecutado masacres por individuos generalmente desequilibrados, lo que puso sobre la mesa la necesidad de modificar políticas en busca del resguardo de la vida, porque la ejecución de una matanza que afecta a comunidades enteras pesa tanto que llegó a movilizar a la opinión pública y aun los más radicales en la defensa del derecho a posesión de armas, basado en una norma constitucional que es sagrada para la mayoría de los habitantes de Estados Unidos, admiten que debe revisarse el antecedente y las capacidades mentales de quienes desean comprar armas.

En el caso de Guatemala por fortuna no hemos tenido ese tipo de masacres, pero de manera persistente la muerte se produce todos los días y la tenencia de armas es un factor que tiene que considerarse como fundamental en el clima de violencia e inseguridad que sufrimos. Es cierto que ese clima y la incapacidad de las autoridades para dar respuestas efectivas en protección de la ciudadanía honrada, hace que mucha gente piense que armarse es una respuesta adecuada para sobrevivir en medio de una selva sin ley donde los criminales hacen lo que les da la gana. Es enorme, en consecuencia, la proliferación de armas y su portación por personas que a lo mejor no tienen ni el entrenamiento ni los conocimientos suficientes para usarlas eficientemente y que no reparan que en esas condiciones el arma sirve más para comprometer que para ayudar.
 
 Aparte, es necesario establecer mecanismos de control para que quienes deseen portar armas tengan que someterse a controles como los que ahora se plantean en Estados Unidos y quizá hasta más severos, puesto que allá se están haciendo chequeos del pasado de los potenciales compradores, lo cual no les garantiza ningún derecho a portar sino a poseer las armas, mientras que en Guatemala los permisos de portación se extienden sin supervisión de las calidades que tendría que reunir cualquier persona para llevar consigo armas defensivas.
 
 Es común el criterio de que las armas que se utilizan para cometer hechos criminales son armas no registradas que se adquieren en el mercado negro, pero en realidad muchos de los delincuentes se benefician de las facilidades legales que hay para tenencia y portación de armas, lo que les permite pasar por puestos de registro con la mayor tranquilidad y portarlas ostentosamente. Yo creo que el derecho a la tenencia y portación de armas tiene que ir acompañado de regulaciones muy estrictas para prevenir que por impericia o por acciones dolosas, las mismas puedan ser utilizadas contra personas inocentes.
 
 Por supuesto que cualquier iniciativa por mayor control se verá afectada por la incapacidad de nuestra fuerza pública para actuar en defensa de la vida de los habitantes del país de conformidad con lo que establece nuestra Constitución como función principal del Estado. Si la Policía no puede proteger a los guatemaltecos, se dice con absoluta lógica, sería absurdo privarlos del derecho a defenderse a sí mismos o de protegerse portando armas de fuego. El argumento es irrefutable, pero también lo es que tanta arma en manos criminales o en manos inexpertas, sirve únicamente para elevar nuestro índice de violencia y de criminalidad.
 
 Hoy en día basta tener 25 años para portar arma, sin necesidad de llenar ningún requisito adicional. Lo mismo puede obtener un permiso un desequilibrado que un peligroso inexperto.