Cada día es mayor la polarización provocada en la sociedad guatemalteca por el juicio que se sigue al general Ríos Montt, figura emblemática del Ejército por su papel como Jefe de Estado tras el golpe de 1982. Observadores internacionales libres de toda sospecha de simpatizar o colaborar con la izquierda revolucionaria, como la Embajada de los Estados Unidos, han señalado la importancia de un juicio imparcial y ajustado a derecho que genere credibilidad en la población, pero la verdad es que no existe ninguna posibilidad de que en este país se pueda hacer un análisis objetivo sobre el procedimiento porque nadie puede hacer un juicio objetivo sobre el conflicto y sus causas ya que es más que evidente la persistencia de dogmatismos ideológicos que continuarán dividiéndonos en el futuro.

La izquierda y la derecha han expuesto ya sus argumentos respecto a lo que fue el conflicto y lo que para las posturas más extremas significa este juicio. Desde ya se puede anticipar que en el remoto caso de una sentencia condenatoria por los delitos que fueron imputados a Ríos Montt, algunos hablarán del avance de la justicia en Guatemala y los otros dirán que hay una manipulación del sistema por elementos que formaron parte de la guerrilla y que siguen luchando por otros medios. Por el contrario, si como es previsible de acuerdo a numerosos antecedentes, tras muchos recursos de la defensa al final de cuentas el aparato de justicia absuelve a Ríos Montt, los primeros dirán que se confirma la debilidad del sistema para aplicar la ley y los otros dirán que se ha fortalecido la administración de justicia.
 
 Lo cierto es que se trata de un proceso que siembra profundas divisiones basadas en el antagonismo ideológico que persiste en el país. Imposible demostrar más allá de toda duda y con la más absoluta credibilidad la eficiencia del proceso penal porque, repito, dependiendo del resultado será el argumento que esgriman quienes se sienten defraudados y quienes se considerarán satisfechos por el veredicto. La idea de que en cualquier sociedad el perdón surge cuando hay esclarecimiento de los hechos y se pueden deducir responsabilidades no se aplica a Guatemala porque no estamos dispuestos a aceptar como acto de justicia el fallo que al final sea pronunciado tras agotar las distintas instancias. Razones para no confiar en nuestro sistema de justicia abundan, porque lamentablemente siempre ha estado al servicio del mejor postor, y ahora, cuando se plantea un juicio histórico, la opinión pública se divide y no analiza ni sopesa pruebas de cargo o de descargo porque cada quien tiene ya su propio y particular juicio y en el fuero interno de cada quien ya se ha dictado sentencia que no requiere ni reclama pruebas, sino simplemente es producto del sesgo que existe en cada mente por las afinidades políticas o de clase.
 
 Los testimonios que se han escuchado en la Sala de Vistas donde se realiza el proceso conmueven a unos y son motivo de burla para otros que los consideran falsos y arreglados. Acá, en Guatemala, no estamos en busca de la verdad sino de continuar el conflicto en los estrados y por supuesto que la lucha será tan encarnizada como lo fue la sufrida por nuestro pueblo durante tantos años. No se vislumbra ningún asomo de racionalidad en el análisis porque en el fondo cada quien desea que prevalezca su tesis respecto a los crímenes cometidos durante la guerra.
 
 Cualquier opinión que se emita respecto al proceso será tachada de sesgo y falta de objetividad. La comunidad internacional no puede entender fácilmente cuán divididos vivimos y tampoco entenderán que este juicio, lejos de curar heridas, las ha vuelto a abrir para que sangren profusamente.