No estoy descubriendo nada extraordinario al afirmar que la clase política nos está conduciendo persistentemente hacia una profunda crisis de conflictividad y que, como consecuencia de la actuación de funcionarios del Estado, especialmente de autoridades del Organismo Ejecutivo y de diputados al Congreso, son contadísimos los compatriotas que aún guardan una minúscula dosis de confianza en los dirigentes de las organizaciones políticas, que cada día se degradan más en los frágiles escenarios de la vida nacional.
En las actuales circunstancias es sumamente difícil, sino imposible, que se pueda confiar en este sistema dizque democrático representativo, porque se está comprobando hasta la saciedad que todos los actores políticos sólo procuran alcanzar o mejorar sus condiciones económicas por medio de actuaciones cada vez más grotescas, porque ya ni siquiera disimulan su afán de exprimir la ubre del Estado en todas sus facetas, desde negocios tan escandalosos y reñidos con elementales normas jurídicas que, se presume, se encuentran vigentes, hasta la permanentemente visible holgazanería que priva en el hemiciclo parlamentario, de la mano con conductas que otrora se consideraban vergonzosas, especialmente en lo que atañe al torcer mañosamente el desempeño que le corresponde por antonomasia, como es la función legislativa.
Es una pérdida de tiempo y esfuerzo reiterar en los espacios de opinión de los diarios impresos, que es indispensable que autoridades de toda índole sean los primeros agentes públicos en respetar y velar porque se cumplan con esenciales principios de moralidad, ética y decoro; pero los dejaron arrinconados en el cajón de sus memorias, si alguna vez los cultivaron, para sustituirlos por la ambición, la codicia y el egoísmo.
Lo más grave es que este sistema formalista en que se sostiene la maltrecha democracia representativa en Guatemala, se fundamenta y puede subsistir mediante la operatividad de partidos políticos, y tal como se están desempeñando esos colectivos, sus dirigentes y cuadros medios, e incluso sus afiliados que, ajenos a orientaciones ideológicas, sólo persiguen un puesto público que no exija laboriosidad y que brinde granjerías, no se vislumbra en el futuro mediato una neblinosa probabilidad de encontrar salida a este laberinto que nos está conduciendo a la ingobernabilidad.
El guatemalteco de a pie se encuentra tan asqueado de los políticos que no le concede el beneficio de la duda ni a dirigentes de organizaciones que aspiran a resurgir, como el FUR que fundó Manuel Colom Argueta, pese a que son personas honestas, que pretenden unificar a las corrientes progresistas por medio de lo que llaman “desayunos-conversatorios”, en la creencia que mediante charlas amistosas van a hallar la fórmula para romper con las estructuras que, como camisa de fuerza, impiden a un pueblo liberarse de la explotación oligárquica, la corrupción estatal, la descomposición moral y otras cadenas que tienen atada a la mayoría de los guatemaltecos.
Pareciera que ni los social demócratas están conscientes de que los movimientos sociales, populares, indígenas y comunitarios son los cauces que pueden conducir a sepultar a la podrida casta política, para la implantación de un modelo innovador y participativo que privilegie las necesidades y aspiraciones de los compatriotas que se debaten entre la pobreza, la desnutrición y la ignorancia.
(El veterano Romualdo Tishudo recuerda que durante un gobierno militar leyó este graffiti: -Menos presos políticos; más políticos presos).