La libertad de mercado se impuso en Guatemala de acuerdo a las modernas corrientes económicas que limitan o suprimen la capacidad del Estado para interferir en el proceso económico. Sin embargo, aun los países más aferrados al libre mercado, entienden que es indispensable tener mecanismos de control para proteger a los consumidores de abusos porque en el ánimo de lucro que es el motor económico, se pueden cometer excesos que de una u otra forma dañan los intereses del público que consume productos o utiliza servicios.

En Guatemala existe nominalmente una entidad que atiende y protege al consumidor y es la DIACO, que depende del ministerio de Economía. En el papel, cualquier ciudadano que se sienta defraudado por algún acto comercial,  puede recurrir a esa instancia para plantear sus quejas y forzar a una investigación que no sólo detenga los abusos, sino que produzca reparaciones.
 
 Pero eso es nominalmente, puesto que la Dirección de Atención al Consumidor en Guatemala sirve menos que la Contraloría de Cuentas, lo cual ya es demasiado decir. La gente puede ir a la DIACO o puede plantear sus quejas en los libros que los comercios tienen que mantener por fuerza, pero nunca ocurre nada porque esa dependencia no tiene ‘dientes’ para proteger a los consumidores. Es más, se sabe que cuando una directora dispuso entrarle a supervisar algunas operaciones afectando a poderosas empresas, los dueños o socios de las mismas inmediatamente llamaron al Ministro de Economía, que es de los suyos, para protestar y la consecuencia fue la inmediata destitución de la funcionaria que trató de controlar, por ejemplo, los contratos de adhesión que tienen que firmar los usuarios de servicios como la telefonía, o de determinar la validez de las ofertas que publicitan algunos supermercados y al ver el engaño, quiso sancionar por lo que del extranjero vinieron los dueños a quejarse.
 
 Toda libertad implica un ejercicio responsable y cuando hay abusos es indispensable que existan mecanismos legales que puedan corregir los desmanes y proteger los intereses de la ciudadanía. Habría que legislar adecuadamente para dar a la DIACO facultades y poderes que le permitan actuar con alguna independencia porque como ya es corriente que dentro del pacto de los partidos con los empresarios que les financian sus campañas, se repartan los ministerios y el de Economía se asigne generalmente a quien proponen los empresarios, resulta que así la protección al consumidor es imposible porque ese ministerio siempre estará al servicio de las empresas y jamás velará por los intereses ciudadanos. Hoy publicamos un reportaje sobre el tema que ilustra el estado de indefensión que afecta al consumidor en Guatemala.

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Se agarran del derecho privado 
para realizar el peculado
con  usufructos y fideicomisos 
ya no necesitan permisos