Tratando de ilustrar al Presidente de la República sobre lo que realmente se hizo en Puerto Quetzal, ayer publiqué lo que dice la ley sobre las concesiones y no hay vuelta de hoja; los abogados que el Presidente puso en esa entidad para realizar el negocio le jugaron la vuelta a la ley, como ya es corriente en nuestro país, y se sacaron de la manga la figura del usufructo para disfrazar lo que es una auténtica concesión. La detenida lectura de esa norma de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado permite a cualquiera, tenga o no formación jurídica, entender que no hay escapatoria posible y que debió cumplirse con esa norma para permitir que una empresa privada asumiera las funciones de la empresa estatal en la prestación de los servicios portuarios.

Debe saber también el Presidente que el usufructo es una figura típica del derecho privado, tanto así que está regulada en el Código Civil y en el Código de Comercio, leyes que sirven para establecer las formas en que se realizan negocios entre particulares y que no tienen nada que ver con el derecho público que es el que norma específicamente las funciones del Estado y su relación con los ciudadanos.
 
 No es casualidad que el interventor de la portuaria, nombrado ad hoc para hacer el negocio, salga del bufete que asesoró la venta de activos sin pasar por el Congreso y que además haya sido importante en la conformación de fideicomisos para evadir la acción fiscalizadora del Estado. En otras palabras, son verdaderos expertos en el escapismo legal mediante el uso de instituciones del derecho privado (fideicomisos y usufructos) para asegurar la más total impunidad en el mal manejo de los fondos públicos porque mediante esa vía se hacen negocios diseñados para que los particulares puedan disponer libremente de sus bienes, pero hay que entender que los funcionarios no son dueños de los bienes del Estado y por eso tienen que someter sus actos a controles para evitar abusos como los que hoy vemos.
 
 Y como ya está demostrado que en el juego de la corrupción participan o quieren participar casi todos, se cuenta con la complicidad de instituciones llamadas a preservar el Estado de Derecho, incluyendo la misma Corte de Constitucionalidad que debiera  ser garante de la observancia estricta de aquellas normas que establecen claramente las formas en que se pueden hacer los negocios públicos y que tienen requisitos diferentes a los que se exigen a los particulares. Porque si yo tengo un capital y quiero constituir un fideicomiso lo puedo hacer con la más absoluta libertad siempre que los fines del mismo sean lícitos. Igual ocurre si quiero constituir un usufructo sobre mis bienes, puesto que en ese caso nadie tiene por qué fiscalizarme ni decidir si puedo o no hacerlo.
 
 Pero si no soy dueño de los bienes, sino simplemente un funcionario que administra la cosa pública por la delegación del poder soberano del pueblo, entonces tengo que observar algunos requisitos que fueron diseñados para evitar que largos como los de hoy hagan micos y pericos con los bienes del Estado. Quiero exponer el tema en la forma más didáctica posible para que el Presidente entienda el fraude de ley que se ha cometido al fingir un negocio de usufructo para evitar la observancia de todos los requisitos que se establecen para la concesión.
 
 Seguramente no se logrará nada porque es mucho el dinero que está en juego, pero es fundamental dejar claro, para que en el futuro, cuando el pueblo rescate la decencia y la verdadera democracia, se pueda hacer valer el derecho que nos asiste para repudiar esas maniobras que se han popularizado al manosear el derecho privado para encubrir negocios propios del derecho público.