El ministro de Seguridad de Honduras, Pompeyo Bonilla y el general Juan Carlos Bonilla, director general de la Policía de Honduras, comparecieron ante el Congreso Nacional para explicar los motivos que han llevado al fracaso de depuración de la Policía nacional, aunque sostuvieron que ha mejorado la situación de seguridad en el país.

«En 2012 se dio una contención del delito en Honduras. En 2011 teníamos un 86,5% y en 2012 tenemos un 85,5% en cuanto a número de homicidios por cada 100.000 habitantes», afirmó el general Bonilla. Se trata de «un gran avance», agregó.

Además, «el comportamiento de homicidios en el primer trimestre de 2013 ha mejorado respecto a 2012. Si en los tres meses del año pasado se registraron 1.830 homicidios en el país, en tres meses de 2013 se han dado 1586, lo que supone 244 casos menos que el año anterior», añadió el general.

Sin embargo, también recalcó la falta de recursos.

«Tenemos 13.585 policías, uno por 640 habitantes. Según la ONU, se establece que debería haber uno por 350 habitantes. Tenemos un déficit de unos 10.000 policías en el país», dijo Bonilla, quien añadió: «El seguro médico de los policías de estos tres meses de 2013 no se ha pagado. Cuando salen heridos no tienen seguro médico. Tampoco se están pagando los seguros de vida de los agentes, necesitamos 500 patrullas policiales más y unas 800 motocicletas más».

Afirmó que en Honduras hay 696 postas policiales, «pero viven los presos mejor que nuestros policías. Viven en condiciones infrahumanas. El policía tiene que vivir como la gente para poder dar un buen servicio».

El director general de la Policía reconoció que «para poder contener los homicidios tenemos que replantear el modelo de gestión policial» porque «aún sabemos que hay falta de resultados, falta de confianza, violación de derechos humanos y existe brutalidad policial».

Juan Carlos Bonilla agregó: «El sistema de investigación criminal está colapsado. No tenemos ni siquiera un laboratorio». No obstante, «tenemos investigadores. 142 miembros de nuestra Policial Nacional están asignados a la embajada norteamericana» y también «auspiciados por la embajada norteamericana tenemos asesores de Colombia que nos apoyan en nuestras tareas», agregó.

Por su parte, Pompeyo Bonilla, ministro de Seguridad, se defendió de las acusaciones vertidas la jornada del martes en la comparecencia ante el Congreso de Eduardo Villanueva, director de Evaluación de la carrera policial (DIECP), que le acusó de ser el responsable de la lentitud del proceso de depuración policial iniciado hace 13 meses y que no ha ofrecido resultados.

El ministro explicó: «se remitieron por parte de la DIECP 230 resoluciones para cancelación de agentes policiales a la Secretaría de Seguridad. Se elaboraron 79 acuerdos de cancelación y uno fue devuelto» pero «las 150 resoluciones restantes fueron recibidas una semana antes del plazo legal y se remitieron al director general pero no se formuló la cancelación por falta de tiempo».

El ministro explicó también que sólo se notificó a 31 miembros, porque los demás se encontraban de baja médica. Así no pudieron entregarse las cancelaciones, así que «cuando terminaron las bajas médicas, ya estaba prescrito el decreto de depuración. Si algunos de ellos además posteriormente ascendieron, es porque la ley así lo indica».

Además, de entre los policías depurados, «posteriormente y por mandato judicial varios miembros separados fueron reintegrados a la Policía» así que «se requiere de un nuevo marco legal», porque «los abogados dicen una cosa, dicen otra cosa y los que somos inocentes en estos tenemos que asumir las decisiones al final», defendió.

La Ley Orgánica para la depuración policial tuvo una vigencia de seis meses y finalizó en noviembre pasado. El proceso de reforma de la seguridad pública de Honduras, el país con más homicidios per cápita del planeta —91 por cada 100.000 habitantes según Naciones Unidas— comenzó en marzo de 2012, cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana y los medios de comunicación, tomo la decisión de corregir las prácticas indebidas de la Policía, considerada una de las más corruptas del mundo.

El ministro de Seguridad explicó: «Hace cuatro semanas, el Consejo Nacional de defensa y Seguridad se reunió por dos días en jornadas de 10 horas y ahí definimos un plan estratégico de actividades a desarrollar y uso de los recursos». No dio más detalles.

Las comparecencias del ministro de Seguridad y el director general de la Policía ocurrieron como parte de un proceso de rendición de cuentas por el que ya pasaron también el director de la Evaluación Policial, Eduardo Villanueva, el fiscal general, Luis Rubí, y pasará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera.

La intención del Congreso Nacional en esta rendición de cuentas, según su presidente Juan Orlando Hernández, es «percibir cuáles son los resultados obtenidos en materia de seguridad, en cuáles hemos sido efectivos, qué temas deberíamos tocar y qué herramientas necesitamos particularmente en el caso de la Policía».