En los últimos años hemos visto con preocupación, la tremenda falta de solidaridad y pérdida de conductas fraternales de algunos habitantes del territorio nacional hacia sus semejantes, y que, realmente, no ha sido lo que nuestros antepasados nos legaran.
Por otra parte, alarma en algunos sectores de la sociedad, el malinchismo que, como mis lectores sabrán, significa: “actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio” (Diccionario de la Lengua Española).
Lo anterior resulta ser un contrasentido, porque nuestra historia bien explica de dónde procede esa conducta y que personas inescrupulosas han venido aprovechándose para satisfacer sus intereses personales, sea engañando la inocencia de personas iletradas o inundando el ambiente de propaganda tendiente a estimular las bajas pasiones de muchos individuos proclives a esas tendencias. Ello, explica el aumento de los delitos.
De esa cuenta, también, crece la mala costumbre de determinadas personas en desacreditar a sus semejantes, calumniar y mentir de forma oprobiosa sin importarles el prestigio, formación moral, científica y humana de los agraviados.
Se han olvidado de la ética y reglas del trato social.
Por lo anteriormente expuesto es que surgen las leyes, entre ellas, nuestra Carta Magna que admite el “Derecho de Defensa”, y en su Artículo 12 señala que: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”.
En consecuencia, la Honorable Corte de Constitucionalidad, ha sido suficientemente clara en los diversos fallos que sobre la materia ha emitido. Sin tan sólo se consultara su jurisprudencia quizás se comprendería el sentido de la legislación del país.
Algunos tratadistas sugieren actualizar y reformar la legislación de los países cada cinco años, especialmente sus leyes ordinarias, pues el Derecho evoluciona constantemente, a efecto de evitar atrasos innecesarios que ocasionen perturbaciones sociales a sus poblaciones. Ello, urge en Guatemala.
A lo anterior deberíamos cuestionar a los obligados en el tema que abordamos del porqué se carece de la difusión y acceso de la legislación nacional para educar a la población, de la falta de codificación administrativa debido a la dispersión de tales normas, de la falta de actualización de la legislación ambiental y penal, de la falta de reformas penitenciarias, de la ausencia de la modernización de la legislación terrestre y aérea, y otras normativas, que sería prolijo enumerar.
En consecuencia, la labor de las instituciones públicas y privadas, universidades, Iglesias, colegios y escuelas, así como la de los padres de familia y de la sociedad en general, consistirá a corto plazo, en fortalecer la formación moral, cívica, cultural, religiosa, y, jurídica de sus respectivas poblaciones para el buen desarrollo de las presentes y futuras generaciones.
La República de Guatemala, País de la Eterna Primavera, bien cuidada por sus hijos podrá, entonces, relucir como modelo de paz y armonía, lagos de inmenso valor turístico, ríos y vertientes, volcanes y selvas verdes que demuestren al mundo entero que no sólo de pan vive el hombre.