Duele ver la forma en que nuestro país va como el cangrejo en prácticamente todo lo que es importante y llegamos al extremo de mostrar nuestra situación con el asunto de los pasaportes que refleja que somos un país incapaz siquiera de cumplir con aquellas cuestiones que para cualquier Estado son de puro trámite, asunto de tal manera ordinaria que nadie imagina siquiera que pueda haber una crisis con la documentación de los ciudadanos que tienen que viajar.

Ayer, muchos meses después de que empezó el calvario de los guatemaltecos que requerían pasaporte tanto aquí como en los consulados móviles del extranjero, el Presidente hizo lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, destituyendo al inepto interventor de la Dirección General de Migración. Es evidente que el señor Viana era un incompetente y que debía ser removido del cargo, pero resulta que al general Otto Pérez Molina, con todo y su experiencia de Estado acumulada en los años que fue el álter ego del entonces presidente Ramiro de León Carpio, le tomó una eternidad darse cuenta de la situación y para cuando dispuso actuar ya es demasiado tarde porque el daño está hecho.
 
 Si nuestra cédula de vecindad y nuestro antiguo pasaporte eran mamarrachos que no merecían ser calificados como documentos de identidad, la incapacidad del Estado para proveer a los guatemaltecos de medios confiables para su identificación es apenas un reflejo de hasta dónde ha llegado el descalabro del Estado. Todavía hay académicos que se entretienen en el debate sobre si el nuestro es un Estado Frágil, de acuerdo con los parámetros internacionales, o si nos hemos aproximado a la lúgubre calificación de Estado Fallido. Basta con remitirse a las pruebas para darnos cuenta de las condiciones imperantes, puesto que no existe ningún área de la administración pública que funcione con mediana eficiencia, salvo cuando se trata de agilizar trámites para la corrupción porque entonces hasta en horas y días inhábiles se trabaja, como se demostró con el negocio del Puerto Quetzal.
 
 Los fines esenciales del Estado de Guatemala están consignados en la Constitución Política de la República y simplemente no se cumplen. Ni siquiera hace falta entrar a cuestiones más profundas como la inequidad y la existencia de niveles de pobreza inaceptables que condenan a nuestros niños a una desnutrición que limita su crecimiento físico y mental. Basta con ver en el día a día el descalabro de la infraestructura, la deficiente atención de la salud, las porquerías que ocurren en las oficinas públicas donde los pícaros funcionarios no sólo dan rienda suelta a sus pasiones, sino que además tienen el descaro de filmar sus cochinadas y dejan archivos conteniendo la prueba contundente de su falta de vergüenza.
 
 En el no muy lejano siglo pasado, los funcionarios que robaban tenían miedo a ostentar su riqueza y ocultaban sus bienes o los ponían a nombre de testaferros. Hoy en día la ostentación va de la mano de la corrupción porque está demostrado que no hay castigo, que no existe el menor escarnio y que, al revés, el funcionario que no se atora de pisto rápidamente, es considerado como un imbécil que no supo aprovechar la oportunidad.
 
 El caso de Migración es un reflejo de lo que estamos sufriendo. La corrupción es primero y el ciudadano vale madre, por lo que durante meses se mantuvo en su puesto a un interventor que despreció de manera absoluta a la ciudadanía, que mandó por un tubo a los migrantes necesitados de un documento de identidad, porque para él no era importante que Migración cumpliera con dar pasaportes. Otros asuntos demandaban su atención y ni el Presidente ni el Ministro de Gobernación movieron un dedo hasta que ya fue demasiado tarde.
 
 Esa es la Guatemala que hemos construido y que seguimos sangrando.