Un despacho de Cerigua del 11 de octubre de 2012, a sólo nueve meses de estar Otto Pérez en la Presidencia, consigna: “El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León, condenó enérgicamente los hechos ocurridos en Totonicapán el pasado 4 de octubre, donde fueron ejecutadas ocho personas, y responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado y al Ejército por las muertes; el Ministerio Público (MP) acusó a un coronel y a ocho soldados de cometer ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.”

La sangre inocente del pueblo de Guatemala fue, de nuevo, derramada por las fuerzas de seguridad y del Ejército, ahora bajo la responsabilidad de Otto Pérez. Aún no hay juicio finalizado por ese hecho y la impunidad campea a sus anchas.

El Diario La Hora del sábado 23 de marzo, en su página 2 publicó: “Hace tres días se anunció la muerte del primer paciente con insuficiencia –renal– por no recibir el tratamiento de hemodiálisis, el cual algunos pacientes lo reciben hasta tres veces por semana.”

Ya hubo muerte de paciente de insuficiencia renal, al cambiar lo establecido desde hace años entre la Fundación de Amor y la UNAERC para entregárselo, de acuerdo al Diario La Hora, “a las empresas de Jack Irving Cohen Cohen y Alberto David Cohen Mory”, cuyas empresas es vox pópuli que están detrás de la defraudación al Estado por medio del monopolio de venta gravosa de medicamentos al Estado de Guatemala.

Se les advirtió con anticipación a Jorge Villavicencio, ministro de Salud Pública y a Otto Pérez, presidente de Guatemala, tanto en esta columna, como en varios medios de comunicación masiva escrita, radial y televisada, sobre el desabastecimiento de insumos y la mafiosa escalada de precios que ocurriría para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal si hacían cambios hacia lo peor. Pero, con dinero baila el mono y, con un elemental acuerdo presidencial trasladaron el abastecimiento de insumos a los Cohen Cohen y Cohen Mory y nombraron como gerente de UNAERC, de nuevo, a Douglas Guerrero, a quien con anterioridad había nombrado ilegalmente Sandra de Colom con la misma intención. Descaradamente aún utilizan las máquinas de la Fundación de Amor.

Sintetizando, puede afirmarse que el precio que el Estado y el IGSS pagaban a la Fundación de Amor por cada kit de hemodiálisis es de Q370.00, mientras ahora, el IGSS paga Q910.00 al Centro de Diálisis Sociedad Anónima, propiedad de los Cohen Cohen y Cohen Mory.
Bonito “negocio” hicieron los funcionarios estatales involucrados. Aquí hablamos de multimillones de quetzales para pagar facturas de campaña desparramando el dinero aportado por los contribuyentes, incluyendo el dinero que fue duplicado en el pago del impuesto de los automóviles y los nuevos impuestos del gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Bien para los Cohen, Gustavo Alejos, el ministro Jorge Villavicencio, Douglas Guerrero, Otto Pérez y demás personas beneficiadas a raíz de tal acuerdo presidencial y, humillante para el pueblo de Guatemala, quien siempre paga en efectivo las facturas del contubernio, la corrupción y la impunidad.

Los años de trabajo, el esfuerzo, las esperanzas por mejorar el status de los pacientes renales y los precios casi a costo mantenidos por la Fundación de Amor durante todos estos años, fueron tirados por la borda con un “acuerdo presidencial” firmado por Otto Pérez, para el lucro abusivo de unos cuantos: El verdadero rostro de “La mano dura”.