En una citación realizada por la bancada Encuentro por Guatemala (EG) al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Puerto Quetzal (STEPQ), la diputada Nineth Montenegro anunció que pedirá a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que se declare lesivo el contrato del usufructo de la Empresa Puerto Quetzal (EPQ), ya que a su criterio se realizó de forma anómala.

El pasado miércoles –en el inicio del descanso de Semana Santa–, el presidente, Otto Pérez Molina,  hizo oficial la entrega en usufructo de terrenos de la EPQ a la empresa Transporte de Contenedores Quetzal –de capital español–, y aseguró que los grupos de sindicalistas de la Portuaria estaban de acuerdo.

Contrario a esto, los sindicalistas aseguraron hoy en una citación en el Congreso que no están de acuerdo con el contrato ante la empresa española, ya que existen irregularidades en los procesos legales que establecieron el usufructo.

Los sindicalistas manifestaron que la función del interventor, Allan Marroquín, ya está fuera de la ley. Además dijeron que se les está pagando a veinte centavos de dólar por el metro cuadrado, ya que en otros lugares ese espacio terrestre es a ocho dólares.

Por aparte, la diputada Nineth Montenegro, dijo que denunciará la situación ante la PGN  para que se declare lesivo el contrato de usufructo a la EPQ, y reiteró que la función de Marroquín está violando la ley y señaló que el negocio está ensombrecido por  “anomalías”.

La diputada explicó que la intervención de Marroquín no cumple con el artículo 120 de la Constitución, mientras que intervenciones se deben efectuar solo en caso de fuerza mayor y por el tiempo estrictamente necesario.

De acuerdo a esto, en su defensa Allan Marroquín  dijo que Montenegro “está buscando protagonismo mediático” y  asegura que toda la intervención se hizo de acuerdo a la ley, ya que todas las demandas han dado resultados positivos para las acciones realizadas en torno al contrato de dar en usufructo la EPQ.

Marroquín indicó que su gestión no está violando la ley como lo indicó la congresista, ya que la Corte de Constitucionalidad emitió un resultado donde dice que el Presidente puede regular mediante un acuerdo gubernativo las intervenciones, debido a que ésta no está regulada por un decreto del Congreso, es por eso que el acuerdo emitido por el Ejecutivo establece que es el interventor el encargado de la gerencia y junta directiva, explicó.

Marroquín agregó que lo dicho por Montenegro es sin fundamento legal y que “a raíz de la salida de la Junta Directiva  del Congreso, la diputada sólo está buscando protagonismo”, repitió Marroquín.