Hace 20 años el Estado de Guatemala no era un simple regulador de subsidios o adjudicador de obras y negocios licitados a la medida del contratista, como sucede en la actualidad, sino que más bien era el principal ejecutor de proyectos públicos y el responsable satisfactor de las necesidades de los guatemaltecos.

Esta facultad del aparato estatal se fue diluyendo con el correr de los años bajo el argumento que el Estado no era eficiente ni transparente y no fue por una simple casualidad. El efecto del liberalismo que pregona un Estado más pequeño impactó en el país y las políticas de reducción de las instituciones públicas promovidas por los grandes prestamistas internacionales impulsaron procesos de privatización, en los que participaron políticos y empresarios nacionales e internacionales.

Cuando se habla de la privatización del Estado, en el imaginario colectivo guatemalteco saltan a la memoria los casos de los servicios de energía, telefonía y ferrovías y ahora el tema del Puerto Quetzal, que de un momento a otro pasaron del control gubernamental a manos privadas.

En la actualidad el aparato estatal no solo ha perdido la autoridad ante las empresas públicas, sino también ha abandonado sus capacidades operativas y ejecutoras, al punto que necesita del sector privado para construir carreteras, garantizar la seguridad de los edificios públicos o proveer de alimentos a los servicios sociales, entre otras necesidades. Todo se hizo bajo el argumento que privatizando la ejecución de la obra pública habría mejor calidad, eficiencia y transparencia.

Estos solo fueron los cambios más notorios de las políticas que fueron impulsadas desde el exterior a partir de los años ochenta. La piedra angular que impulsó el proceso de reducción del Estado en los países latinoamericanos fue el Consenso de Washington, que estimuló en la región una serie de cambios y reformas a la política fiscal y económica.

Estos ajustes estructurales que debía hacer el Gobierno de Guatemala se tornaron en un requisito para tener el acceso a préstamos internacionales por parte de organizaciones que promueven políticas liberales como motor del desarrollo, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Este consenso implementó como eje central en los países centroamericanos la privatización de las empresas estatales, el control del gasto público y la revisión de políticas sociales que significaron un endeudamiento al Estado, entre otros aspectos.

Al respecto, el analista socioeconómico Christians Castillo señala que “el Consenso de Washington se empezó a materializar en Guatemala a partir de la época de los Acuerdos de Paz”. “Es con el gobierno de Álvaro Arzú que el Consenso se adentra en Guatemala y genera los resultados que tenemos hoy en día”, señala.

Por su lado, la exfuncionaria en planificación pública, Karin Slowing, detalla el contexto de las decisiones políticas en 1996: “Los Acuerdos de Paz promovían un Estado que se responsabilizara por el desarrollo. El asunto es que eso coincidió con una ola a nivel global que estaba reclamando Estados cada vez menos protagonistas”.
 
¿Qué resultados se dieron por las decisiones de ese gobierno y que actualmente rigen la vida de todos los guatemaltecos, incluso 16 años después? A esto, Castillo argumenta que con las privatizaciones “el Estado perdió su capacidad para ejecutar por sí mismo políticas públicas y entró en una relación de dependencia con la empresa privada para cumplir sus funciones”.

Las políticas con las que se privatizaron varias entidades del aparato estatal tuvieron como fundamento fortalecer al sector privado con un volumen de servicios que debía prestar al Estado, de tal suerte que esto se tradujera en creación de puestos de trabajo y reactivara la economía del país, aunque en la actualidad este resultado está en entredicho.

Además, se decía que de esa manera se iba a privilegiar la lucha contra la corrupción  pero Guatemala hoy reprueba en índices de transparencia, no tiene capacidad para investigar hechos de corrupción, se utilizan fideicomisos imposibles de fiscalizar para ejecutar fondos públicos y se está usando la figura del usufructo para dar bienes estatales en concesión.

Las licitaciones se están haciendo a la medida de algún contratista que pacta con los funcionarios y ello ha derivado en obras de mala calidad o inconclusas, además de la deficiente calidad.

A los capitales tradicionales que siempre habían tenido control de los negocios con el Estado acrecentando su fortuna, unos de forma disimulada y otros un tanto más descarada, se vino a sumar la proliferación de nuevas empresas y empresarios que se colaron en las contrataciones institucionales, y por ello Castillo dice que se trata de “todos estos nuevos ricos que han amasado su fortuna a raíz de negocios privilegiados con el sector público”.

En esencia, no cambiaron las formas de hacer negocio, solo los actores.

UNA LUCHA POLÍTICA
Las pugnas que ha despertado la privatización de gestiones públicas han sido características de la ideología dominante del gobierno de turno y de las políticas internacionales que han predominado en cada época.

En Guatemala los gobiernos han jugado un rol para inclinar la balanza a cierto lado de los empresarios y recientemente ha sido una mezcla entre empresarios “tradicionales” y “emergentes”. Edgar Balsells, analista económico, opina que esta situación “es parte del modelo que se afianzó desde el año noventa con Serrano Elías, quien en ese entonces impulsó una política a la que se llamó de subsidiariedad del Estado”.

Ahora, Balsells opina que “el Gobierno de Pérez Molina se parece mucho a los gobiernos de Serrano, Berger, y Arzú. Si usted ve a la gente que ha estado en el Ministerio de Comunicaciones, mucha de la gente que maneja esa cartera es la que trabajó con Álvaro Arzú; la conformación política del Partido Patriota se parece mucho a la de la Gana, el PAN y los Unionistas”.

Pero cumplir con la misión de debilitar al Estado y favorecer el sector público requiere de una estrategia bien planificada. “La estrategia que han buscado siempre es ahogar las finanzas públicas (…) quitar al gobierno central el financiamiento para que no pueda cumplir con su política de gobierno, o su política pública de Estado”, expresa Castillo.

Según un exasesor del Ministerio de Finanzas que pidió no ser citado por su nombre, en el plano político existe resistencia de algunos a ceder por completo a los intereses empresariales tradicionales, como el caso del presidente Cerezo, que dejó cierta turbulencia y en su gestión se dieron negocios que hoy han desembocado en empresas millonarias; “el segundo gobierno fue el de Portillo, que se atrevió en alguna medida a enfrentar el poder del empresariado tradicional para darle el negocio a otras mafias (La Cofradía), y en menor medida Álvaro Colom, porque decía que confrontaba al poder empresarial, pero bajo la mesa era aliado de ellos y les daba toda clase de negocios. Lo que sucede es que él dio parejo a los empresarios tradicionales y emergentes y eso fue por una orden que vino desde Casa Presidencial y la Secretaría Privada”, dice el asesor.
 
GOBIERNO ACTUAL
El gobierno actual de Otto Pérez Molina ya manifiesta una tendencia de la línea que habrá de recorrer sobre la visión de Estado y su participación con el sector privado. El mandatario ha promovido el incremento de los gastos del Gobierno para la contratación de empresas privadas y ha defendido a capa y espada la concesión del Puerto Quetzal disfrazada de usufructo.

El actual presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es de 5 mil 884 millones 700 mil. No se puede decir que este sea el mayor presupuesto que ha tenido esta cartera, sin embargo, dentro de los montos presupuestarios 2013 es la más privilegiada en cuanto a gastos en inversión, con un saldo de Q3 mil 889 millones 357 mil 750.

La mayor parte de ese dinero se queda en poder de empresas constructoras y supervisoras, mientras que antes el mismo Estado se encargaba de los caminos y obras grises.

Según el portal de transferencias del Gobierno, sólo en el año 2012 el Ministerio de Comunicaciones recibió Q2 mil 370 millones provenientes de otras entidades.

El otrora asesor del Ministerio de Finanzas dice “o las cosas se están haciendo bien en ese Ministerio, que en serio lo dudo, o lo que se está haciendo de forma brillante son los negocios porque no han dejado huella y resulta que hasta casa se está haciendo el Ministro en el puerto”, dice.

EL IMPACTO
Las disposiciones relativas a la debilitación del Estado también pasaron una costosa factura para el país; las disposiciones derivaron en tres situaciones que impactaron la forma de funcionar del Estado.

La primera, asociada al tema de la calidad, pues la obra física ejecutada por particulares se prestó a ser más vulnerable a malos manejos, ya que un factor frecuente de este tipo de negocios es utilizar malos insumos.

La segunda es que las empresas tienen negocios permanentes. “Lo vemos en carreteras. Construyen carreteras, ellos mismos le dan mantenimiento, ellos mismos le rentan al Estado la maquinaria, le venden los insumos. Se convierte este en un círculo donde el beneficio directo lo tienen”, amplía Castillo.

La tercera es el impacto financiero, puesto que el nivel de endeudamiento del Estado guatemalteco ha venido incrementándose. Este crecimiento es observable según las cifras del Banco de Guatemala, la deuda externa bruta actualmente es de $6 mil 934 millones, mientras que en 2009 era de $5 mil 391.

“Principalmente, con el tema de la deuda flotante, que es deuda no presupuestada que contrae el Estado para construir obra gris, como vemos que se ha venido convirtiendo en un hecho recurrente la famosa deuda de arrastre que pasa un gobierno a otro”, señala Castillo.

Asimismo, el déficit fiscal afecta para que el Estado pueda sufragar los pagos de la deuda como debería. También se cae en la necesidad de recurrir a la deuda interna para sufragar las contrataciones a las empresas que mantienen el Estado.

Y ante la falta de transparencia, Castillo opina “esto se presta para un círculo vicioso. Los financistas que apoyaron en la campaña serán quienes se vean beneficiados por los negocios que realiza el sector público. Puesto que siempre los recursos del Estado van a ser una fuente bastante grande para el enriquecimiento de los sectores privados”.

INVERSIÓN EXTRANJERA
Parte de la relación con el sector privado es la llegada de empresas internacionales e inversión extranjera que realizan negocios para ofrecer servicios públicos, pero también para efectuar trabajos que el Estado no tiene capacidad de realizar, como la explotación de los recursos hídricos, minerales y petroleros del país.

La relación del Estado guatemalteco con las empresas internacionales ha sido histórica y ha definido la política del país. “Hay una coincidencia entre los intereses extranjeros y de grupos corporativos nacionales que se prestan a poder impulsar la inversión extranjera pero también el control del Estado. Véase el caso de la United Fruit Company, la caída de Jacobo Árbenz”, expresa Castillo.

PUNTO DE NO RETORNO
¿Qué pasaría si los servicios públicos ejecutados por empresas regresaran al Estado? Balsells opina que “no es tan complicado que regrese a manos del Estado. ¿Por qué? Muchas de esas entidades quiebran o se vuelven obsoletas, por ejemplo, el caso de Fegua, que no hay modo que camine”.

Por otro lado, no todos ven esa posibilidad como algo factible. Carlos González Arévalo, analista de Asíes, comenta: “Imagínese, pasar más empresas a lo público sería un conflicto ideológico; en su momento se consideró que era lo más adecuado porque las corrientes de pensamiento dominantes eran neoliberales”.

Es una situación que parece que dependerá de las circunstancias políticas que sacudan al país. “No sé si estamos en un punto de no retorno. Me parece más bien en que estamos en una relación cíclica, que cuando está en manos del empresariado, pues obviamente utilizan al Estado como una herramienta de reproducción de capital”, añade.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS
Parece que el futuro quedará en buscar el punto medio, las alianzas público-privadas. Slowing afirma “el Estado no tiene que ser antagónico. Yo creo que ya superamos de que esto sea un Estado mercado, una buena alianza entre Estado y mercado puede funcionar”.

Asimismo, la analista opina que el papel del Estado debe empezar a ser más protagónico para que pueda guiar al país hacia una línea de desarrollo. “El tema no es satanizar sino encontrar la mezcla correcta, pero en el caso guatemalteco por todos los rezagos que tenemos se requiere un papel donde el Estado no sea sólo subsidiario, sino redireccionador, capaz de conducir y regular”, explica.

Hasta ahora el tema en el país no termina de acomodarse, según Slowing, pues “la ley de alianzas público-privadas no contempla el tema en todas sus dimensiones. Por ejemplo, mira para la infraestructura y la gran infraestructura, pero no para la infraestructura social. No hay una visión integral de las posibilidades y las alianzas público-privadas”.

Balsells opina que esta podría ser la salida para Guatemala. “Los modelos de otros países son las alianzas público-privadas, donde el sector privado participa hasta cierto punto pero no hay sobreganancias sobre el consumidor. Es importante una ley del consumidor y una ley de competencia de mercados que son dos compromisos en los que no se ha podido avanzar”, puntualiza.