Los proyectos extractivos y los megaproyectos que se realizan en los territorios tradicionales de comunidades indígenas siempre han sido fuente de conflictos entre las empresas y los pobladores.

Entre las principales causas están la falta de consultas previas y la ausencia de información pertinente, así como el temor de los riesgos ambientales. Sin embargo, hay un factor más, tan importante como los anteriores, que muchas veces pasa desapercibido y que puede ser decisivo para la armonía o la conflictividad, pero también para el desarrollo y la justicia social.

En la mayoría de casos, las comunidades perciben que no tienen participación en los beneficios generados por los proyectos; en el caso de la minería, la Ley en la materia establece una regalía del uno por ciento –aumentado a cinco de forma voluntaria– sobre los beneficios reportados de los proyectos, de los cuales la mitad corresponde al Estado central y la otra mitad a la Municipalidad.

Según un informe del relator de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, dentro de este mecanismo no existe ningún tipo de previsión jurídica para el reparto de beneficios a las comunidades directamente afectadas y resulta evidente que la atribución de regalías al Estado y a las municipalidades no siempre beneficia a las comunidades.

Una experiencia reciente a raíz de un convenio firmado entre una hidroeléctrica transnacional y una municipalidad puede marcar un camino en el contexto de conflictividad que han desatado dichos proyectos con las comunidades a partir de la falta de estos tres elementos, la consulta comunitaria, las evaluaciones de impacto ambiental y la participación en los beneficios, aunque habría que esperar los resultados de dicho acuerdo y evaluar qué impacto tiene que los alcaldes indígenas no hayan sido tomados en cuenta en el acuerdo final.

Recientemente la empresa transnacional Enel firmó un compromiso de largo plazo con la Municipalidad de San Juan Cotzal, Quiché, por el que entregarán Q2 millones 300 mil anuales por un plazo de 20 años, los que se invertirán en proyectos propuestos por la comuna y el Comité de Seguimiento del Convenio.

Una de las características de este convenio es que se firmó bajo la observación de miembros de la Red Quiché, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh) y con el acompañamiento del Sistema Nacional de Diálogo Permanente del Ejecutivo.

EN SAN JUAN COTZAL
La empresa italiana Enel llegó al municipio de San Juan Cotzal en 2006, cuando el alcalde y la municipalidad avalaron un estudio de preinversión de la empresa en el área, pero sin realizarse consulta previa a las comunidades de la localidad.

Posteriormente durante la fase de construcción de la hidroeléctrica se suscitaron numerosos conflictos en la región, entre ellos la muerte de dos jóvenes que fueron arrollados supuestamente por un camión que proveía de material de construcción a la empresa, según contó el alcalde municipal, Baltazar Cruz. Luego, la maquinaria de la constructora provocó la muerte de un anciano.

En 2010 hubo un atraso en el pago de los jornaleros que trabajaban en la construcción de una escuela por parte de la municipalidad, que había recibido dinero de Enel, para sufragar este tipo de proyecto, lo que detonó el conflicto en el municipio. Pobladores impidieron el paso de personeros de la empresa en San Felipe Chenlá.

“Fue entonces cuando se levantaron los problemas, porque ya había mucha anarquía en el municipio y el jefe edil ya no gozaba de credibilidad”, señala Cruz, quien agregó que una persona que se “autodenominó” alcalde indígena convocó a otros alcaldes auxiliares y a comunidades que le plantearon un diálogo a la empresa para negociar beneficios para el municipio.

Los alcaldes indígenas pidieron a la empresa un 20 por ciento de beneficios sobre su producción anual, pero a su consideración “no estaba definido si en dinero o en megavatios y el destino que se le daría a los fondos o si la municipalidad manejaría los recursos”.

En 2011 Enel firmó un pacto con la municipalidad, entonces manejada por Pérez Chen, quien posteriormente se fugó y fue capturado por haber promovido el linchamiento de un agente de la Policía Nacional Civil en 2009.

En 2012 Cruz gana la alcaldía por el Partido Patriota. “Lo único que yo ofrecí en mi campaña a la población fue revisar contratos y convenios para mejorar el aporte que ellos hacen al municipio”, señaló.

“Cuando el Concejo Municipal tomó posesión del cargo llamamos a los personeros de Enel para que nos expusieran los conflictos que habían y llamamos también a los que se autodenominaban alcaldes indígenas para escucharlos, pero ahí se quedó”, dijo Cruz.

Fue hasta diciembre de 2012 que el Concejo Municipal planteó a la empresa una mesa de trabajo con el único propósito de incrementar el aporte anual a la municipalidad.

El Concejo, integrado por representantes de diversos partidos políticos y electos por votación popular, consideró que tenía la representatividad legal y la investidura a través de la población para hacer la propuesta.

“Le hicimos saber a la población que estábamos en una mesa de trabajo y que habíamos llegado a la parte final de los acuerdos aún no firmados, convocamos a las autoridades comunitarias electas por sus comunidades y expusimos la situación”, dijo Cruz.

“Les dijimos que si estaban anuentes y si habían entendido el convenio nos dieran un aval (al Concejo Municipal); nos dieron su aval, tenemos ahí las firmas, las actas y los sellos que pueden dar fe de eso”, acota el alcalde.
 
A la semana siguiente se firmó el compromiso con la empresa Enel, que según el jefe edil tiene como único objetivo ampliar el aporte anual a la municipalidad de Q800 mil a Q2 millones 300 mil; “únicamente, no se contempla ampliación de hidroeléctricas ni nuevas hidroeléctricas, tampoco vendimos el municipio como dicen algunos”, aclara.

De este nuevo compromiso los beneficios económicos que recibiría la municipalidad subieron de Q16 millones a Q46 millones en 20 años; eso en aporte directo, más la tasa inflacionaria que nos llevaría a Q70 millones, indicó.

Según Cruz, eso viene a mejorar considerablemente el aporte constitucional que recibe San Juan Cotzal, “como lo dice el Código Municipal, que las municipalidades que tienen mayores ingresos propios, el Estado por cada quetzal, le da Q3 más”.

El entrevistado asegura que la empresa se ha comprometido a seguir con sus proyectos sociales como parte de su responsabilidad social empresarial.

EL CONVENIO
El acuerdo se firmó el pasado 13 de marzo en la ciudad Capital entre Enel y la Municipalidad de San Juan Cotzal, con la presencia del presidente Otto Pérez, en el que la transnacional se compromete a aportar Q2.3 millones anuales a esa jurisdicción municipal por 20 años, aporte que se ejecutará en programas prioritarios en educación, producción, agua, salud, fortalecimiento de la gestión municipal y energía, además de priorizar proyectos liderados por mujeres.

Oswaldo Smith, gerente general de Enel, manifestó que se sienten confiados de haber sentado un precedente y de “abrir una nueva ruta” en los acuerdos que pueden llegar las empresas y las municipalidades, en representación de las comunidades y sobre los beneficios que pueden percibir para las comunidades.

“El proceso fue bastante integral ya que la discusión se dio entre las partes, los legítimos representantes del municipio, que es el Concejo Municipal y los representantes de la compañía; por otro lado el proceso fue voluntario y las partes, sin medidas de hecho, nos sentamos a dialogar”, dijo.

Smith también resaltó que el proyecto se realizó bajo la observación de terceros, como Copredeh, la Red Quiché, la Gobernación Departamental y el Sistema Nacional de Diálogo, “de manera que todas las discusiones difíciles en este proceso constructivo se llevó a cabo bajo la observación de terceros”.

Otro elemento es que el alcalde municipal hizo un proceso de información hacia la población, “yo creo que todo esto demuestra que existe una ruta que demuestre que las partes de manera voluntaria y buscando mecanismos de transparencia pueden lograr acuerdos, especialmente dentro de la institucionalidad”, destacó.

Conforme con el gerente de ENEL esto da muestras de que existe una ruta que lleve a buen puerto y es un esfuerzo de encontrar puntos de acuerdo; es un objetivo más en común que dé una posición de partes y el objetivo era encontrar la manera de incidir positivamente en el municipio, agregó; “yo creo que bajo esa perspectiva todas las partes fueron cediendo”.

Smith resaltó “que nada de lo decidido fue unilateral; discutimos cuál era la mejor manera de hacer las cosas y por eso decidimos hacerlo entre la institucionalidad y haciendo uso de las instituciones del Estado y teniendo a personas que pudieran dar fe de lo actuado, en este caso los observadores”.

LOS OBSERVADORES
Miguel Ángel Balcárcel, comisionado del Sistema Nacional de Diálogo, manifiesta sobre la mesa de diálogo y posteriormente la firma del convenio: “Fue una experiencia interesante en que tanto la corporación como la empresa acuerdan un marco general de actuación que le permite en cualquier momento tener una visión de largo plazo. Es como la parte más sustantiva, esa visión de largo plazo. Se fijan las normas, los principios y los valores que rigen la inserción de la empresa en ese territorio”.

En las comunidades en donde aún existe conflictividad generada por los proyectos extractivos u otros proyectos como las hidroeléctricas, Balcárcel expresó que esta experiencia es prueba de cómo se puede buscar el objetivo del bien común a través de la participación, de los inversionistas por un lado y de las autoridades, pero pensando siempre en el beneficio comunitario.

De acuerdo con Balcárcel, el papel que jugó el Sistema Nacional de Diálogo fue facilitar el proceso del compromiso; este es el primer caso al que el Sistema ha dado acompañamiento y se espera replicar las experiencias.

Carlos Ríos, de Red Quiché, indicó que participaron dos integrantes de esa red como verificadores del apoyo que Enel le daría a la municipalidad; según su experiencia como observador “es un plan piloto, un convenio piloto, primero en su género que se podría replicar, pero obteniendo más consenso, sobre todo de las comunidades que van a obtener sus beneficios”.

Sin embargo Ríos anotó que “quizá lo único condenable de la firma del convenio fue dejar afuera a los alcaldes indígenas de las comunidades afectadas. Pero como indica el alcalde Baltazar Cruz, esto se debió a que “no eran representantes” legítimos de las mismas”.

¿ACUERDO SIN OPOSICIONES FUTURAS?
Tras la firma del convenio, la gran incógnita que queda en el aire es si existirá oposición por las comunidades indígenas en virtud que sus alcaldes se quedaron fuera del convenio y esta no aprueba lo acordado.

Sobre por qué se dejó de lado a los representantes indígenas de las comunidades, el alcalde de San Juan Cotzal dijo a La Hora que “no podíamos consultarlos a ellos porque no son nada legales, no hay ningún documento municipal que los reconozca como tal, son un grupo particular y no representan a la población, ni de hecho ni de derecho”.

Mientras tanto, Concepción Santay, alcalde indígena de San Juan Cotzal, lamentó las declaraciones y la actitud de Cruz a las que tildó de “racistas” y discriminadoras y manifestó que ellos fueron dejados de lado pese a haber iniciado en 2011 un diálogo con la empresa, en donde participaron como testigos de honor de parte de las autoridades indígenas, Vitalino Similox secretario del Concejo Ecuménico y Álvaro Ramazzini, entonces obispo de San Marcos.

El testigo de honor de la empresa en ese entonces fue Gustavo Porras Castejón, presidente del Consejo Económico Social (CES), sin embargo, las negociaciones no prosperaron y al ganar la alcaldía el PP, la empresa dejó de lado el diálogo con los representantes indígenas.

Santay manifestó que el alcalde Cruz sabía que ellos habían empezado el diálogo con la empresa ya que incluso lo habían invitado para que asistiera, pero nunca aceptó; el alcalde hizo un negocio a la espalda del pueblo, indicó.

Cruz inició la reunión con Enel el 8 de diciembre y firma un convenio el 13 de marzo, esto lo rechazamos porque fue a espalda de las comunidades; hay mucha gente que aún no sabe qué pasó y pregunta si de verdad el alcalde firmó el convenio, dijo Santay.

Sobre haber dejado fuera del convenio a las autoridades indígenas y si esto no podría afectar el convenio a largo plazo, el comisionado del Sistema de Diálogo, Balcárcel, dijo que sobre ese grupo “hay mucha tela que cortar”; es una instancia que surge fundamentalmente para hacer la negociación y es como una entidad privada.

De acuerdo con el comisionado, el grupo quería actuar “al margen de la institucionalidad pública” y negó que fueran autoridades indígenas, es una figura desarrollada recientemente; es como una ONG bajo el nombre de municipalidad indígena pero no es como la municipalidad indígena de Sololá o Chichicastenango, u otras que tienen una tradición centenaria.

Balcárcel no negó que los representantes indígenas de San Juan Cotzal no tuvieran liderazgo en esa área; efectivamente algún nivel de representación deben tener pero no es mayoritario, dijo.

Sobre el malestar que existe en las autoridades indígenas el comisionado dijo “Se les vino el negocio abajo, cómo no van a estar molestos”; imagínese a una ONG privada recibiendo esa cantidad de recursos manejados al margen de la institucionalidad pública, eso hubiera sido fortalecer una estructura paralela y hubiera querido ser replicado en otras partes del país, señaló.

Sobre los fondos que recibirá la municipalidad dijo que “serán debidamente auditados” por los entes correspondientes.

Sobre el futuro del acuerdo dijo “no nos corresponde tener una visión pesimista u optimista”; la negociación se logró a través de la intervención del Sistema de Diálogo en el que las partes encontraron puntos de acuerdo, sin duda alguna eso tiene repercusiones muy importantes para el país en términos generales; el resultado concreto es el fortalecimiento de la institucionalidad, puntualizó.