Es del absoluto dominio público que nuestro sistema de justicia tiene fallas gravísimas que se manifiestan a lo largo de toda la cadena procesal, empezando por serias deficiencias en el tema de la investigación y terminando por la forma en que los jueces valoran la prueba, si es que los investigadores logran aportar alguna. Especialmente cuando alguno de los sindicados es alguien que tiene influencia por su posición política, económica o social, el camino para lograr justicia se vuelve cuesta arriba y enredado, porque el tráfico de influencias forma parte de nuestra forma de ser y de actuar.

Yo he pensado que la licenciada Ofelia de León de Barreda actuó en todo momento con la intención de proteger a su hijo Roberto tras la desaparición de su esposa, Cristina Siekavizza, sin recapacitar sobre el sufrimiento de sus consuegros ni el peligro a que se exponía a sus nietos quedando en manos de una persona violenta. Para ella lo fundamental era evitar que su hijo tuviera que enfrentar a la justicia en un proceso penal. En su calidad de abogada y ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tenía los contactos suficientes y el conocimiento como para lograr su cometido.
 
 Por esa razón fue acusada por el Ministerio Público bajo la sindicación de haber ayudado a eliminar pruebas de lo sucedido en esa trágica jornada de la desaparición de Cristina, pero según la resolución dictada ayer por la juez, las investigaciones fueron deficientes y poco consistentes, razón por la cual se le dejó en libertad. Es un hecho, procesalmente probado, que Roberto Barreda buscó la manera de cambiar la tapicería del vehículo propiedad de la empresa de telefonía en la que trabajaba y hasta solicitó a un compañero de trabajo que tenía otro auto igual que le facilitara alfombras y tapicería para ocultar evidencia. Está también probado que el vehículo no tenía ya esas pruebas comprometedoras cuando fue recuperado por la empresa telefónica, es decir que Barreda logró hacer el cambio y la limpieza de cualquier tipo de fluidos humanos.
 
 La captura de la licenciada Ofelia de León hizo que muchos pensáramos que su hijo tendría un arranque de dignidad y que abandonaría su escondite para liberar a su madre de la cárcel, pero él y ella aguantaron durante casi año y medio sabiendo que tarde o temprano nuestro sistema de justicia terminaría haciendo de las suyas, poniendo fin a la detención.
 
 Ayer una resolución judicial le facilita a la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia la libertad al beneficiarse con arresto domiciliario debido, según expresó la juez a cargo del proceso, a fallas serias en la investigación, de manera que no se le pudo vincular con el lavado del carro en el que pudo haber sido trasladado el cuerpo de Cristina. Es la única razón por la que Barreda podía pedirle a su compañero de trabajo que le ayudara a cambiar piezas, alfombras y tapicería del auto que le había asignado la empresa en la que trabajó.

 Lo cierto del caso es que la tenue esperanza que se tuvo para recuperar a los niños cuando la abogada Ofelia fue detenida se fue desvaneciendo al hacerse evidente que a su hijo no le importó mucho que la madre estuviera soportando la cárcel, pero ahora, cuando ella tendrá su domicilio por cárcel, definitivamente se esfuma esa ilusión.
 
 No puedo hablar de una mala decisión judicial ni me consta la deficiencia en la investigación. Pero intuyo que nuevamente el manto de la impunidad hace su fatal aparición.