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Su oposición a las conversaciones, en las que se podría delinear el futuro de esta nación, lo ha enfrentado con su sucesor, Juan Manuel Santos, el principal promotor de esos diálogos, y podría ser la razón por la que recrudecieron los cuestionamientos e investigaciones de sus lazos con el paramilitarismo, según analistas.

Uribe, presidente entre 2002-2010, es objeto de una investigación preliminar bajo sospecha de haber formado uno de esos escuadrones en una finca familiar a mediados de los años 90, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, en el noroeste colombiano, y que habría atacado a supuestos simpatizantes de la guerrilla.

Debido a que los señalamientos no son nuevos, muchos colombianos se preguntan si la investigación es un intento político de reducirlo y silenciar al hombre considerado como el principal enemigo de los diálogos con sus constantes críticas a las FARC y al presidente Santos.

Esta vez, no obstante, las denuncias hechas por el congresista izquierdista Iván Cepeda, un público adversario del expresidente, vienen avaladas por dos testigos, incluido un exjefe paramilitar, que dicen que Uribe y su hermano Santiago Uribe, entre otros, promovieron un grupo paramilitar en «Guacharacas», una finca que fue propiedad de la familia Uribe en el municipio antioqueño de San Roque, a 235 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Pablo Hernán Sierra, excomandante de un bloque paramilitar llamado «Cacique Pipintá», dijo en la Fiscalía «que el agrupo armado ilegal se conformó después de que la guerrilla, en el año 1995, incursionó en la hacienda ‘Guacharacas’, hurtó ganado y procedió a la quema de la casa de esa propiedad».

La conformación del grupo paramilitar, según Sierra, «generó desplazamientos y masacres en la región» y sostuvo que de esos sucesos fue testigo un hombre llamado Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de «Guacharacas» y quien se encuentra preso.

Entrevistado por la Fiscalía, Monsalve corroboró lo dicho por Sierra y además aportó una serie de fotografías, al parecer tomadas hacia los años 90 en «Guacharacas», «en las cuales se observan (sic) algunas personas vistiendo uniformes camuflados y portando fusiles».

Uribe y su hermano Santiago han negado siempre esos señalamientos. Consultado sobre tales acusaciones en una entrevista con la AP, Uribe evitó responder, pero su abogado Jaime Granados dijo que «este proceso es una locura» y que se va a demostrar «que todo es un montaje».

Aunque la indagación que la Fiscalía abrió contra Uribe el 2 de enero pasado es de carácter previo, su situación es compleja si se tiene en cuenta que los hechos de «Guacharacas» no están relacionados con su paso por la Presidencia de Colombia. Es decir, el mencionado proceso deja a Uribe sin esa especie de inmunidad que ha caracterizado a los presidentes colombianos por el hecho de ser investigados por una célula legislativa llamada la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que siempre se ha distinguido por su inoperancia.

Denuncias al margen, Uribe, un abogado de 60 años, se mantiene firme en su prédica de que no se debe negociar con las guerrillas mientras éstas no cesen sus ataques y lanza duras críticas a Santos a través de lo que se ha convertido en su principal arma de opinión: mensajes de Twitter.

El lunes, en su más reciente ataque a Santos, Uribe enfiló baterías contra el hombre que fue su ministro de Defensa por más de tres años y lo crítico por decir que la justicia no podía ser un obstáculo para la paz, en una referencia a eventuales perdones a jefes de la guerrilla en caso de un acuerdo de paz.

Santos «no es el presidente de la paz, es el presidente que le pide a la justicia la impunidad de terrorismo, el presidente que se hizo elegir en nombre de la seguridad y que lleva al país por el camino del restablecimiento de la violencia», dijo Uribe en una declaración ante reporteros en Bogotá.

«¿Qué democracia se sienta a negociar con terroristas que continúan asesinando a sus policías y soldados?», expresó Uribe en febrero en un mensaje de la red social.

Para las FARC, desde luego, Uribe es un enemigo de la paz. Un «mafioso y paramilitar de pura sangre», según dijo en un comunicado del 2 de febrero.

Es «un personaje nefasto, que no pudo ganar la guerra asesinando a tanta gente inocente y humilde de un país, no puede impedir hoy que en Colombia se intente la solución política del conflicto», afirmó Rodrigo Granda, uno de los negociadores rebeldes en La Habana, al leer aquel 2 de febrero el comunicado en Cuba, sede de las negociaciones desde fines de 2012.

En su gobierno de ocho años surgieron escándalos que fueron desde el homicidio de civiles a manos de militares que presentaron a esas víctimas como criminales o guerrilleros abatidos en combates, hasta el espionaje telefónico y seguimientos, desde una ya desaparecida policía de inteligencia, a periodistas, políticos opositores, magistrados, entre otros.

Uribe siempre ha negado haber ordenado el espionaje y también que tales asesinatos a manos de uniformados fueran una política oficial.

Santos evitó al principio criticar a su predecesor, pero más recientemente lo ha hecho sin piedad, aunque sin mencionarlo directamente. En una cumbre de su partido, en octubre pasado, dijo que, a diferencia de otros, él no era un «rufián de esquina» ni ocultaba puñales debajo de la ruana, una prenda que suele usar Uribe.

Uribe ha respondido tildando a Santos de «canalla» en un Twitter el 14 de enero.

En Colombia hay bastante escepticismo en torno a los diálogos, alimentado tal vez por la falta de noticias concretas. Ambos bandos reportan progresos, pero no dan información con pormenores.

En una encuesta divulgada a fines de febrero, el 62% de los consultados dijo no creer que se alcance un acuerdo. El sondeo fue realizado entre 1.200 personas consultadas telefónicamente del 13 al 20 de febrero en cinco grandes ciudades del país. Tuvo un margen de error de 3 puntos porcentuales.

Ese 62% estuvo cinco puntos por encima del 57% que respondió que no creía en la posibilidad de un acuerdo en octubre pasado, fecha del sondeo anterior de la firma Gallup.

Ese mismo sondeo revela que la popularidad de Uribe es mayor a la de Santos: 65% comparado con 44% del actual mandatario.

Uribe «no es obstáculo de nada», enfatizó el periodista y exvicepresidente de Uribe, Francisco Santos, porque, según él, los óbices a la paz «son los atentados de las FARC».

«El obstáculo es haber armado una negociación de espaldas a los colombianos», expresó a la AP.

El exvicepresidente, primo del actual mandatario, añadió que las diferencias suyas y de Uribe con el gobierno y el proceso de paz se explican con una sola frase: «este gobierno no tolera la crítica».

«Es el gobierno más intolerante que ha tenido Colombia en muchísimos años», insistió. A todo aquel que critica la gestión de su primo hermano «inmediatamente le caen (encima); es un gobierno totalmente sordo».

Las objeciones de Uribe van desde su rechazo a otorgarles un estatus político a los miembros de las FARC, hasta que eventualmente puedan hacer política si se llega a un acuerdo.

Cuando se le preguntó a Uribe sobre su oposición a los diálogos, el exmandatario esquivó y sólo mencionó lo que dice fue su gestión de gobierno: «Hay que recordarles a los colombianos lo siguiente», dijo Uribe. «El gobierno nuestro desmontó el paramilitarismo y dejó derrotadas a las guerrillas, (además) extraditamos a 1.200 criminales» y logró en ocho años, según dijo, la desmovilización de 53.000 ilegales de organizaciones paramilitares y guerrilleras.

La agenda de seis puntos que discuten las dos partes comenzó con el tema de la tierra, un asunto descrito aquí tradicionalmente como clave para la existencia del conflicto. Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, es una nación donde el 7% de la población tiene 80% de la tierra, según la Superintendencia de Notariado y Registro, que es la oficina pública con todos los antecedentes de títulos y propiedad de muebles e inmuebles.

Los promotores del diálogo creen que si se logra compensar a las víctimas del conflicto armado que vive este país desde hace décadas y se devuelven millones de hectáreas robadas a campesinos desplazados se resolverá una de las principales reivindicaciones de las FARC y se dará un paso importante hacia una paz duradera.

«El gran problema que tenemos en este momento es que él (Uribe) aglutina un montón de sectores que sí son muy peligrosos para la paz: un montón de ganaderos, un montón de palmeros, muchas personas incluso ligadas a la ilegalidad», dijo Ariel Ávila, del grupo Nuevo Arco Iris, dedicado al estudio del conflicto interno.

A esos grupos es que los críticos de Uribe atribuyen las amenazas y asesinatos de al menos 37 activistas de derechos humanos y reclamantes de tierras de enero a septiembre de 2012, según datos de Naciones Unidas.

«Uribe tiene muchas cuentas pendientes, y no digo Uribe para hablar de él solamente, sino de todos esos sectores de la ‘parapolítica’, de los ganaderos y empresarios que se lucraron del despojo de tierras y del narcotráfico», aseguró Cepeda, representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, y quien ha denunciado penalmente a Uribe en diversas ocasiones.

Cepeda, incluso, no sólo ha actuado judicialmente contra Uribe en Colombia.

En diciembre pasado radicó una denuncia en la Corte Penal Internacional para que investigue la presunta responsabilidad del expresidente en las labores de espionaje que durante su gobierno, y desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –la policía secreta desaparecida en el 2010–, se habrían adelantado ilegalmente en contra de magistrados, activistas, periodistas y opositores.

El abogado de Uribe, Jaime Granados, ha dicho insistentemente que la CPI no tiene competencia para investigar a su cliente y rechaza que el ex mandatario ordenara tal espionaje.

Contra viento y marea, Uribe dice que se va a mantener en la política colombiana y se prevé que encabezará una lista al Senado en las elecciones generales de 2014.

Hay quienes ven cierta hipocresía en las críticas de Uribe porque él mismo hizo aproximaciones con las FARC en su gobierno y negoció con los paramilitares.

El exjefe de Estado «le pide al gobierno actual un comportamiento distinto al que él tuvo durante el proceso de paz con los paramilitares…, que no levantó las conversaciones cuando los paramilitares cometían crímenes», opinó el escritor y periodista Héctor Abad Faciolince.

Las investigaciones judiciales por lazos del paramilitarismo han llevado a prisión a más de 60 congresistas nacionales, tanto como a concejales, gobernadores, militares e, incluso, contratistas de grandes empresas, así como a un expresidente de Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), Jorge Visbal, detenido en 2012 por supuestamente solicitar apoyo de jefes paramilitares para la reelección de Uribe en 2006.

Fedegán critica permanentemente a las FARC, que según las encuestas son ampliamente rechazadas por la opinión pública.

«Las principales responsables de la dificultad de venderle el proceso de paz a la opinión pública son las propias FARC… por ciertas técnicas de guerra que ha utilizado y que son brutalmente costosas frente a la opinión pública como el reclutamiento de niños y el secuestro», dijo la investigadora y analista política Claudia López, de la no gubernamental Misión de Observación Electoral.

Las FARC «son parte del problema que hace este país tan violento, tan inequitativo, las FARC son parte del problema, que es lo que el señor jefe negociador en los diálogos en Cuba Iván) Márquez pareciera no entender. De hecho ellos dicen que ellos son las víctimas y no los victimarios, son de un cinismo y de una ceguedad irritante», añadió.

Y el discurso anti FARC al estilo Uribe es altamente popular precisamente por las acciones cometidas por la guerrilla, aunque en el fondo la elite política tampoco desee hacer reformas de fondo para el país, aseguró López.

Una investigación judicial podría ser el instrumento para borrar a Uribe del escenario político definitivamente, dijo Ávila, de Arco Iris.