Sin importar el desgaste que puedan causar a su imagen y el sistema electoral, el cansancio que provocan en el electorado o las ilegalidades que implican realizar campaña anticipada, las agrupaciones y partidos políticos ya promueven a sus candidatos presidenciales y principales figuras parlamentarias de cara a las elecciones generales de 2015, para las que aún faltan cerca de 30 meses.

Los partidos políticos ya anuncian quiénes serán los candidatos presidenciales que los representarán en la contienda electoral y que aspiran a dirigir el país para, supuestamente, combatir la violencia, el hambre, la pobreza y hacer cumplir las leyes.

Sin embargo, los mismos que les dicen a los guatemaltecos que harán cumplir la ley, ya la están incumpliendo al anticiparse a realizar la propaganda electoral, en lugar de promover la discusión de políticas y temas serios que nos puedan ayudar a salir adelante.

Según el Artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe convocar a las elecciones generales a principios de mayo del mismo año de los comicios y según la misma normativa, antes de esa fecha no se debe realizar propaganda.

De esa cuenta, los partidos políticos que quieran competir en la próxima contienda electoral tendrían que empezar la campaña política hasta el 2 de mayo del 2015 y no ahora, como ya varias organizaciones lo están haciendo.

Desde febrero del 2012 empezaron a surgir los eventos propagandistas de los partidos políticos, en los que no solo se expone el símbolo y color de las agrupaciones, sino que también se impulsa la figura de los candidatos presidenciales y se lanza una serie de promesas de campaña.

Con esto, en el país las diferentes organizaciones políticas  están pidiendo el voto del electorado con un disfrazado llamado de afiliación; en las  supuestas asambleas municipales no solo se impulsa a la organización y la formación de cuadros, sino que también se promociona la imagen de un candidato presidencial, representantes legislativos y municipales. 

En base a lo que se entiende como proselitismo, los partidos Libertad Democrática Renovada (Lider), Todos y Compromiso Renovación y Orden (CREO) son las agrupaciones que más actividades realizan y tienen una importante presencia mediática, pero no son los únicos en el escenario político.

Otras cuentan con menor espacio en los medios, pero también realizan constantes encuentros en los departamentos del país y en muy escasas ocasiones las hacen públicas; puede ser parte de una estrategia para evitar desgaste o la falta de presupuesto. Ese es el caso del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Unión del Cambio Nacional (UCN), y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Están también los que se unen a otros partidos para cobrar más fuerza y presencia mediante la imagen de candidato presidencial conocido, como el partido Victoria y el Partido Unionista, que hace un mes anunciaron una unión electoral con Todos, a pesar que meses antes habían informado públicamente que estaban unidos con el PAN.

En el caso del Partido Patriota, su actividad no tiene una relevancia en los medios de comunicación, pero las principales figuras políticas ocupan cargos públicos y posicionan su imagen entre el electorado.

En los municipios y departamentos del país la forma de hacerlo es diferente; algunos partidos son discretos, según lo que se ha visto en las pocas imágenes que circulan en los periódicos, televisión e Internet  o las imágenes que se encuentran grabadas en los celulares de las personas allegadas al partido.

IMPUNIDAD ELECTORAL
Hasta el momento se contabilizan en el año 20 resoluciones emitidas por el TSE con multas para el partido Lider y dos amonestaciones públicas, una para  Lider y otra del partido Todos.

En su totalidad, las sanciones mencionadas son por la campaña anticipada, pero de las multas que tiene el partido Lider 12 tienen interpuestas amparos en la Corte Suprema de Justicia.

Las sanciones que el TSE aplica van desde amonestaciones, multas hasta  por US$125, suspensión del partido político y como último recurso la cancelación del partido.

Estas dos últimas ocurren si los partidos políticos incumplen con el pago de la multa; la Ley establece que se tendrá que pagar la sanción dentro de los quince días siguientes a la resolución, según el Artículo 90 o de lo contrario se dará paso a la suspensión temporal del partido político.

En una publicación de La Hora del pasado 2 de marzo  se informó que según fuentes oficiales del TSE, entre el 2010 y 2011 los partidos políticos acumularon 125 multas por campaña anticipada. 

En declaraciones realizadas para ese reportaje, el asesor jurídico de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del TSE, Nery Franco, dijo que todas las multas se habían judicializado, es decir, que los partidos políticos interpusieron amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar el pago.

De acuerdo con Franco, de las 125 multas judicializadas solo en seis casos se han emitido sentencias definitivas, las cuales fueron realizadas por la CC.

El Coordinador de Asuntos Jurídicos del TSE declaró que ni una sola multa se ha podido cobrar, debido a los recursos legales interpuestos por los partidos.

No obstante, el vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), Alejandro Balsells, aseguró que la simple interposición de los amparos –sin que sean otorgados de forma provisional o definitiva– no detienen al TSE para que haga efectivas las multas.

El magistrado de la Cámara de Amparos, Mynor Franco, refrenda lo asegurado por Balsells y además agrega que lo único que podría detener el proceso para hacer efectiva la multa sería que se le concediera un amparo provisional a los partidos políticos.

No obstante, según el Magistrado en la CSJ ya se resolvieron esos amparos y sostiene que no se le concedió el amparo provisional a las multas.

El secretario general de la CC, Martín Guzmán, coincide con lo dicho por Balsells y Franco y señala que en esa instancia tampoco se le ha otorgado con lugar los amparos provisionales a las multas del TSE, con lo cual no evita que la autoridad electoral pueda cobrar dichas multas.

UN SISTEMA DISFUNCIONAL
El analista político Justo Pérez asegura que la campaña anticipada y el impago de las multas se da porque las sanciones establecidas en la Ley no son drásticas, ya que considera que una multa no significa mucho para los partidos políticos, cuando éstos están realizando campañas electorales millonarias.

Pérez agrega que las medidas de sanción deberían prohibir derechos políticos al partido si está haciendo propaganda anticipada o sancionar a un medio de comunicación si está pautando publicidad electoral para una organización política.

El analista político considera que esto también se debe a la ambigüedad que presenta la misma Ley, en cuanto a que no se menciona con claridad las posibilidades de proyección que puede tener un candidato dentro de lo que se establece como proselitismo.

Silvio Gramajo, licenciado de Comunicación Política y Opinión Pública, explica que si un partido político se salta las normativas establecidas en la Ley, después las personas que votan por ellos esperan realizar lo mismo, y ese es el problema de fondo que presenta dicha situación.

El experto dijo que la campaña electoral anticipada no les representa una incomodidad o no se percibe como un problema mayor a los guatemaltecos, ya que tienen otras cosas más importantes por las cuales ocuparse.

También explica que esta exposición temprana no siempre significa un desgaste severo para el partido político, ya que ha funcionado anteriormente, como fue el caso del PP.

Sin embargo, Gramajo aclaró que a pesar de que se proyecten primero haciendo proselitismo o si invierten fuertes cantidades de dinero, nada les garantiza a los  partidos un triunfo en las urnas.