Cuando en los albores de la administración de Colom se propuso la implementación de los programas sociales, expresé que las condiciones de pobreza existentes en Guatemala justificaban de sobra la inversión que se pudiera hacer mediante mecanismos para atender a las familias que vivían en las condiciones más deplorables. Pero desde mis primeros escritos comenté la importancia que tendría la transparencia en el manejo de esa inversión social, puesto que siendo tantos y tan consistentes los enemigos de cualquier acción pública en favor de la gente más necesitada, no sólo había que ser sino que se tenía que aparentar también la máxima honradez y ejercitar la rendición de cuentas hasta del último centavo.

 Al nada más empezar la ejecución de los programas, encomendados a la esposa del expresidente, se hizo evidente que no les interesaba en absoluto la institucionalidad de la asistencia a los pobres, puesto que la característica esencial de todo el trabajo era la falta de transparencia. Bajo el argumento de que se trataba de proteger el derecho a la intimidad de los beneficiarios se tendió un manto de misterio sobre toda la política estatal de combate a la pobreza y en el fondo lo que no se quería evidenciar era el carácter clientelar y politiquero que le dieron a la utilización de los fondos públicos.
 
 Hoy estamos dando a conocer un reportaje sobre el tema que me parece interesante y que corrobora el escaso impacto que al final se tuvo con el gasto de varios millones de quetzales en términos de combate a la pobreza, justamente porque no se usaron los fondos con un criterio social, sino que se utilizaron con criterio de política electoral, sentando las bases de lo que sería la candidatura de la esposa del expresidente, obsesión que terminó marcando todo el mandato de Colom que pasará a la historia por haber puesto todo el aparato del Estado al servicio de las ambiciones de su pareja sentimental.
 
 Y el tema es de enorme y terrible actualidad, porque justamente pasó lo que yo me temía. Lejos de que se pudiera institucionalizar una política nacional de atención a la pobreza y de inversión para promover el desarrollo de aquellas familias a las que históricamente se les ha negado todo, hasta la elemental y básica oportunidad de tener acceso a la educación y a la salud, se terminó satanizando lo que tendría que ser objetivo esencial de cualquier gobierno en un país como el nuestro, con tantas carencias y rezagos sociales.
 
 Ahora que desde Roma nos llegan tan claros mensajes sobre lo que significa el sentido del poder y el compromiso que tienen los que ejercen alguna función pública para servir a la gente que más lo necesita, no puede sino destacarse que en Guatemala tuvimos la oportunidad de romper con la inercia histórica de desinterés y abandono por los más pobres, pero se desperdició porque en vez de pensar en el largo plazo, en el futuro de toda una estrategia de atención a familias necesitadas, se puso todo el empeño en aprovechar esos recursos especialmente para tender las bases de una demagógica campaña política que al final de cuentas terminó siendo estéril porque era obvio y claro que existía un impedimento constitucional insalvable y visto por todos, excepto por quienes se cegaron por la ambición de poder.
 
 Es obvio que para el gobierno actual la política social no es fundamental y posiblemente nunca volvamos a tener la oportunidad de un manejo serio, objetivo y decente de los escasos recursos disponibles para atender a la gente más pobre. La agenda nacional va por otro lado, aumentando las diferencias y brechas existentes y por ello siento que cuando se habla de oportunidades perdidas en este país de la eterna lloradera, la que se tuvo en el gobierno anterior será una de las más lamentables.