El viernes pasado me llamó una amiga muy querida y me dijo: “Ya vi tus travesuras de ayer”. Se refería a que el día jueves la Asociación Pro Derecho del Contribuyente (Asprodeco) de la cual formo parte, presentó ante el Ministerio Público denuncias penales en contra de altos exfuncionarios y funcionarios actuales de la SAT.

Esta amiga conoce el caso, sin embargo, la noté algo sorprendida por la denuncia. Otros amigos llamaron para indicarnos que estábamos asumiendo riesgos innecesarios.

La pregunta de fondo es ¿por qué hicimos la denuncia? ¿Qué nos motiva? Y las razones son varias. Entre ellas es que a los miembros de Asprodeco nos apasiona el tema tributario. Estamos convencidos que la SAT debería de ser una institución tecnócrata, como decir el Banco de Guatemala y no un botín político. Que esta institución debería actuar parejo para todos y no dar trato preferencial a ninguno y mucho menos exonerar de impuestos a nadie. Que debería tratar dignamente al usuario, contribuyente o tributario.

Creo que es prudente indicar que yo llevé el caso a la Asociación, debido a que he colaborado con una de las instituciones afectadas directamente por las acciones de la SAT; el Centro de Integración Familiar –CIF-, del cual soy vicepresidente.

Desde que tengo 16 años participaba en actividades organizadas por el padre Antonio Gómez SJ, quien fundó y dirigió el CIF -hasta hace un año-. El me casó, bautizó a mis hijos y confirmó a la mayoría de ellos. Esta institución, poco conocida, ha realizado a lo largo de más de 40 años actividades en apoyo a las familias guatemaltecas y a las comunidades más necesitadas, principalmente en el departamento de Baja Verapaz. Miles de personas, año con año, han sido beneficiadas por esta institución en temas de seguridad alimentaria, valores, educación etc. Miles de niños se han visto beneficiados con los proyectos educativos de prevención de riesgos que se imparten en escuelas con alto riesgo en las áreas marginales del Departamento de Guatemala.

En Guatemala hay expertos en encubrir actividades delictivas dándoles apariencia legal, con lo cual dañan a miles de guatemaltecos necesitados sin darse cuenta. Las acciones de estos funcionarios, al Padre Gómez le recordaban el pasaje bíblico de Mateo 25 (31-46) y comentaba “los elegidos ignoran su virtud y los reprobados la enormidad de su crimen, verdaderamente ellos no se dan cuenta.” Esta situación tiene que ser denunciada, el gremio de abogados debe poner un alto a esta práctica criminal de cuello blanco. Espero dedicarle varias columnas a este tema en particular.

En una oportunidad le prometí al Padre Gómez que haría todo lo que estuviera en mis manos para que el CIF continuara con su labor y pienso cumplir con esa promesa. No lo hago solo por la gente necesitada, amo este país, a pesar de no ser guatemalteco. También lo hago por mi familia. ¿Qué Guatemala le dejamos a nuestros hijos si permitimos estas injusticias? Si nosotros no actuamos ahora ¿Qué van a tener que hacer ellos para corregir estos desmadres? Si seguimos como los tres monos sabios vamos a perder nuestra libertad, nuestra vida y nuestra alma.

Presento a continuación las pruebas entregadas al MP en contra de los funcionarios denunciados (http://prezi.com/4cclfysh7hkh/pruebas-que-el-mp-tiene-por-denuncia-a-funcionarios-sat/?auth_key=dc2248c380f4b9cef7ef7c7cc100fe7114a0be04&kw=view-4cclfysh7hkh&rc=ref-4238771). De esta información cada quien puede hacer su propia opinión.

Espero que el nuevo Superintendente y sus respectivos intendentes pidan la mesa limpia de este embrollo y no se dejen embaucar por la gente que continúa dentro de la institución y es autora intelectual del disfraz y encubrimiento legal de caso especial de defraudación aduanera y otros delitos tributarios. El ministro Centeno ya se pronunció sobre esto en los medios el año pasado cuando dijo que había que cobrar lo no pagado. Le pido congruencia con lo señalado y como siempre recordemos que:

Guatemala Vale La Pena.