Hoy entra en vigor el acuerdo gubernativo que da vida al Fondo Nacional de Desarrollo (Fonades), que será administrado por medio de un fideicomiso y absorberá las responsabilidades del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). Mientras tanto, la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN) critica el uso de esas herramientas financieras.

El Fondo será administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y  empezará a funcionar con una base de Q800 millones provenientes del presupuesto del citado ministerio. 

Asimismo, el fideicomiso tiene un plazo establecido de 5 años y será compuesto por el Estado, a través del Mides como fidecomitente; el Estado como fidecomisario; y  estará constituido en un banco del  sistema nacional.

Además, el Acuerdo Gubernativo 129-2013 establece que se conformará una Unidad Ejecutora dentro del Fideicomiso, la cual determinará las acciones a realizar, principalmente absorber los bienes y funciones de Fonapaz, que se encuentra en proceso de liquidación.

También se anunció cómo estará conformado el comité del fideicomiso. Las entidades que cuentan con un representante  son: la Presidencia, la Vicepresidencia, el fiduciario y el Mides, quien lo presidirá.  

CRÍTICAS A FIDEICOMISOS
Esta decisión ha suscitado diferentes reacciones por parte de los sectores públicos. Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, señaló que “a los guatemaltecos no les queda claro qué decisiones está tomando el Gobierno, se suprimió un fideicomiso para crear otro”.

Diversos sectores auditores han manifestado las complicaciones que presenta fiscalizar un fideicomiso. Leyla Lemus, directora jurídica de la Contraloría General de Cuentas (CGCN), declaró que “la Contraloría no comparte la decisión de crear fideicomisos porque los mira como un producto bancario y no como una transacción bancaria”.

Según Lemus, los bancos no se ajustan a las reglas de fiscalización de la CGCN en todos los casos. “Ellos alegan que están haciendo uso del secreto bancario, sin embargo, deben permitir que se conozcan los procesos”, explicó.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, comenta: “este tipo de casos, aunque son legales, presentan dificultad para ser supervisados. Esta figura puede ser muy útil en el ámbito privado, pero en el público no resulta la mejor opción”.

“Quitar un fideicomiso para volver a poner otro no es la solución, porque los problemas se van a volver a repetir”, señaló Flores.

El mismo presidente Otto Pérez Molina calificó que la corrupción en Fonapaz estaba “enraizada” y que la institución tenía diversos problemas, al punto que era mejor claudicar las operaciones de la entidad gubernamental.

Lemus explica “Si usted le presta dinero a los campesinos para que ellos inviertan en cultivos y luego puedan pagar la inversión, es justificado el fideicomiso. En cambio, si se empiezan a crear fideicomisos para usos indiscriminados de inversión en infraestructura u otras obras, no hay razón de ser”.

La directora jurídica de la CGC concluye “Para qué mandar a un banco a hacer el trabajo que puede hacer el Estado”.