Al conocer la reciente noticia del análisis hecho por una organización de sociedad civil sobre la inversión que ha hecho el Estado en materia de transporte en los últimos años, es inevitable pensar que con los resultados que se tienen a la vista, no sólo el Estado ha hecho una mala inversión en materia de transporte público, sino que también existe una nebulosa presunción sobre aspectos de corrupción incluidos, a lo cual la Contraloría General de Cuentas no debería estar ajena.
El transporte público en otros países no sólo es consistente con su fuerza laboral, sino además es un servicio de utilidad social y fuente de apoyo económico, todo ello porque el Estado reconoce que estos elementos son considerados indispensables para el buen desarrollo económico-social de su país. Los Estados invierten y promueven múltiples formas de transporte, en múltiples casos subterráneo, sobre tierra (buses y trenes) y acuáticos (mares, ríos y lagos), dependiendo de la geografía de sus territorios. El transporte aéreo casi siempre está limitado a una fuerza de producción privada. Y en cada caso, las inversiones son cuantiosas porque o las distancias son extensas o bien porque la cantidad de población es grande. Pero esa inversión es definida por un plan de nación y una visión de Estado que permite que existan presupuestos parciales y subvenciones primarias durante su construcción (del sistema), y que se comprenda que la propia producción de la población tendría como base su sostenimiento, si fuere posible, en solitario, y de lo contrario, con cierta subvención privada que le daría réditos por su administración. Así, estos países y sus gobiernos comprenden que crear un sistema de transporte público eficiente no sólo es importantísimo, sino además indispensable para una sociedad económicamente activa y socialmente estable.
Para el caso de Guatemala, pareciera que el tiempo se ha detenido y los mecanismos de transporte se quedaron de la forma en que existían hace 50 años. Con la excepción del Transmetro, que ya empieza también a generar ciertas inconveniencias, no ha existido ningún esfuerzo serio por mejorar el sistema de transporte urbano o extraurbano del país, a pesar de lo que conocemos se ha invertido. Los gobiernos tanto nacionales como municipales han preferido concesionar los servicios a agentes privados sin conciencia, y juntos han volteado a ver hacia otro lado, dejando a los usuarios, que crecen cada día más, en abandono de buenas condiciones para su transporte, además de una ausencia de propuestas inteligentes que pudieran abonar a la mejora, lo que provoca que existan inseguridades tanto viales como de asaltos, y que cada usuario prefiera la compra de una moto o de un vehículo usado, que terminan de saturar las calles y carreteras.
Pero lo más triste de todo, suma que el Estado guatemalteco sigue gastando en el transporte una verdadera fortuna, del propio presupuesto, y otorga incentivos fiscales y subvenciones discrecionales a agentes privados que han lucrado siempre, y han hecho un esfuerzo mínimo por alcanzar la mejora del servicio, permitiendo como aspectos normales la “corrupción de los pilotos, el mal estado de los buses, la mala educación vial y hacia los pasajeros, la velocidad”, entre muchos otros. Y en el último gobierno, una herencia al Transurbano que significó nada más que un acto de pillaje al erario nacional, y que se desinfló en menos de un año por la mala administración de los propietarios privados.
Una estrategia integral, de visión de país, entre alcaldes y gobierno, sumado a un proceso de atracción de capitales nacionales o extranjeros, pero que denote seriedad en alcanzar un sistema de transporte público eficiente, puede ser la solución a los múltiples problemas de violaciones de los derechos a los usuarios, niños, ancianos, mujeres, hombres y de la población en general. Y por supuesto, la tan ansiada gestión transparente, de actores públicos y privados, que tanta falta hace.