El Organismo Judicial (OJ) no acoge la propuesta del Congreso de la República de procesar a los menores de edad que transgredan la ley como adultos. En cambio, apuesta por fortalecer la prevención para que los niños y adolescentes no incurran en ilícitos.

Ante los recientes casos donde los menores de edad son vinculados en hechos delictivos, el diputado Gudy Rivera presentó una iniciativa de ley que propone reformar el Código Civil, para que los menores de 18 y mayores de 14 años que transgredan las normas legales sean considerados mayores de edad para efectos de imputabilidad.

La propuesta, aunque no nueva, está contemplada en la iniciativa 4510, que reforma el Artículo 8 de dicho Código Civil, en el cual según Rivera también se buscaría evitar que los menores sean reclutados por grupos del crimen organizado.

En ese sentido, Carlos Menchú, director de la Unidad de la Niñez del Poder Judicial, señaló que tras una reunión con el Legislativo y entidades de Estado relacionadas al tema, el OJ envió un dictamen jurídico al diputado, en el que se estableció que de momento no es viable la iniciativa porque violenta tratados internacionales en materia de derechos humanos para los niños.

Por el contrario, el OJ propone que todos los organismos de Estado que tienen que ver en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal deben trabajar conjuntamente en políticas de prevención, fortalecimiento del Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal, para que exista una persecución penal adecuada para los menores de edad.

NO HAY UNA COMUNIDAD SÓLIDA
Que incremente la cantidad de menores de edad trasgresores de la ley, también es consecuencia de que el tejido de engranaje social se ha ido perdiendo, dejando  expuestos a los niños ante las estructuras delictivas, expresó Menchú.

“No tengo la menor duda de que el crimen organizado está reclutando cada vez más niños y adolescentes, porque los menores son más vulnerables y porque les cuesta menos amenazar, amedrentar o pagarle a un adolescente para que cometa una arbitrariedad legal”, enfatizó.

Por último concluyó que ante  la ausencia de una familia y una comunidad sólida, este tipo de casos irá aumentado.

Según datos estadísticos que el entrevistado proporcionó, solo en el departamento de Guatemala anualmente unos 750 menores de edad son procesados penalmente, mientras que en el ámbito nacional la cifra alcanza los mil 200 imputados.

CASO
Uno de los casos que despertó la opinión pública respecto a la inimputabilidad de los menores de edad y el reclutamiento de parte de estructuras delictivas, fue el asesinato del conductor de un taxi perpetrado el pasado 26 de febrero en la zona 18; aparentemente el crimen lo cometió un niño que oscila entre los 10 y 12 años.