Acostumbrado a generalizar, el presidente Otto Pérez Molina había calificado la corrupción como un “monstruo de mil cabezas” o un problema “enraizado en todas las instituciones del Estado”, por eso, fue sorprendente la primera vez que hizo un señalamiento directo y claro por los malos manejos del erario en Fonapaz. Sin embargo, más asombroso fue lo que ocurrió ante la justicia después de esa denuncia histórica, inédita y pública: nada.

¿Por pugnas internas o por “transparencia” se cerró el Fondo?

Más de 1 mil 500 millones de deuda en la cuestionada institución

Pérez Molina anunció el 7 de enero que el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) sería cerrado por la “corrupción enraizada” dentro la institución, en donde –desde administraciones anteriores– ocurrieron constantes sobrevaloraciones en las adquisiciones de bienes y servicios, se realizaron licitaciones mal empleadas, y predominaron los compadrazgos en las adjudicaciones de contratos, entre otros actos anómalos.

El mandatario reconoció ese mismo día que la institución, creada el 28 de junio de 1991, había cumplido con su misión de gestionar asistencia para los damnificados del conflicto armado y que el problema de la corrupción ya no era cuestión de cambiar a una sola persona, entre líneas, al director de esa entidad, Armando Paniagua.

Las declaraciones, contundentes, específicas y directas sobre la corrupción, rompieron con el esquema que hasta entonces había empleado el Presidente para referirse al tema, al cual siempre hacía alusión con analogías o señalamientos muy generales.

Sin embargo, la sorpresa de que el Presidente admitiera que había corrupción en una institución, aun dentro de su gestión, solo fue superada por lo que sucedió después, o más bien, por lo que no pasó. ¿Por qué no se denunció con nombre y apellido a los corruptos? ¿Por qué con pleno conocimiento de la situación, los casos quedan en la impunidad? ¿El cierre responde a pugnas internas dentro del Gobierno?

Diferentes expertos analizan la posibilidad de que este caso pudiera ser un delito de omisión de denuncia.

REACCIONES
Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas, opina que “pareció muy confuso el planteamiento del Presidente sobre la corrupción en Fonapaz, ya que se debió haber presentado una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y de igual forma, el MP también debería de accionar de oficio en estos casos, y tratar de aclararle a la ciudadanía la verdad de lo sucedido”.

Por aparte, Cynthia Fernández, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, argumenta: “Yo considero que no hubo omisión de denuncia, porque todavía no ha concluido el trabajo de la comisión liquidadora. Los planteamientos del señor Presidente se dieron tras los resultados de una comisión auditora”.

Según Fernández la cuestión radica en los plazos. “Aún es necesario esperar el trabajo de la comisión liquidadora para que pueda establecerse si existen suficientes indicios para generar una denuncia, de momento, es apresurado y de alguna manera arriesgado plantear alguna denuncia”.

Mientras tanto, Marvin Flores opina “que el propio Presidente, encargado de resguardar el Estado de Derecho, acepte que hay corrupción y no tome cartas en el asunto por actos ilegales es contradictorio”.

“Nosotros, como Acción Ciudadana, quisiéramos ver cuántas denuncias de corrupción hay contra Armando Paniagua, porque evidentemente si el propio Presidente reconoce que hay corrupción ¿por qué no hay una denuncia en el Ministerio  Público?”, puntualizó.

Aunque no se conoce de momento una repercusión legal por la denuncia de corrupción, la institución será liquidada y los compromisos con los contratistas serán honrados a través de un fideicomiso, pero esto implica una fuerte inversión de recursos públicos.

LA LIQUIDACIÓN
Según el administrador y comisionado para la liquidación de Fonapaz, Rony Abiú,  con el proceso aún se terminarán de ejecutar 142 proyectos pendientes –todos ya tienen contrato–; el monto necesario para su concreción es de Q167 millones.

Asimismo, son 29 proyectos los que se encuentran en ejecución, que poseen un monto estimado de Q50 millones a pagar. Finalmente, dentro de los proyectos que ya están concluidos, el administrador menciona que son 11 y de estos se tienen que pagar  Q2.5 millones.

“Sobre el tema de la deuda estamos haciendo nuestra propia valoración. Hay proyectos que tienen distinto estatus; los del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los aprobados por el Comité Técnico”, indica Abiú. Según datos oficiales, Fonapaz cuenta con 111 proyectos con código en el SNIP; esto es un estimado de Q300 millones en deuda.

En segundo estatus, los proyectos aprobados por el comité técnico suman la cifra de 400, los cuales poseen un arrastre de deuda de Q800 millones. Ambos montos suman el total de Q1 mil 100 millones de deuda. 

TRASLADOS DE BIENES, ¿A DÓNDE?
¿A dónde serán trasladados los nuevos proyectos, expedientes, los fondos, inventarios y los recursos de la institución? Pérez Molina ha tratado el tema con hermetismo. No ha quedado claro qué figura utilizará el Presidente para absorber estos bienes.

El gobernante titubea sobre el tema, y se limitó a decir tras una reunión de gobernadores en Izabal, que lo único seguro era la creación de un Fondo de Desarrollo dentro del Ministerio de Desarrollo Social y que no descartaba un fideicomiso dentro del mismo.

“Qué es lo que estamos ganando. Primero, que está adscrito a un Ministerio el cual no estará independiente. Queremos asegurarnos de que están los controles para evitar señalamientos de corrupción que se dieron en contra de Fonapaz”.

Esta incertidumbre sobre un posible fideicomiso es transmitida a la comisión de Liquidación, y Abiú dice al respecto: “Yo no sabría decirle si va a ser un fideicomiso pero nosotros vamos a realizar el traslado”.

Renzo Rosal, analista político, opina “Se está planteando la creación de un fondo y un nuevo fideicomiso o una figura similar, que va a ser más o menos igual a la que ya existía. Entonces yo creo que el conjunto de los factores políticos pesan más que la decisión inicial del Presidente”.

El comisionado liquidador expresa sobre el traslado que “es un proceso que no vamos a empezar a iniciar  hasta el final del año,  por ejemplo, todos los proyectos donde nosotros no vamos a ejecutar (porque duran más de un año) que están aquí en la empresa, esos los vamos a trasladar de una vez al fondo”.

“Queremos transferir expedientes, inventario,  vehículos, asistencia técnica y por supuesto capital humano. Entonces para eso están los del nuevo fondo para atender lo trasladado. Los proyectos que vamos a terminar de ejecutar nosotros son sólo los que podemos terminar perfectamente en el plazo de este año”.

DE UN FIDEICOMISO A OTRO
Pérez Molina estableció que la próxima figura que sustituya al Fonapaz será el Fondo de Desarrollo Social, como parte del Ministerio de Desarrollo Social y no descartó que éste se pueda valer de un fideicomiso para funcionar, pese a las críticas constantes para el uso de esas herramientas financieras en la gestión pública.

La contralora General de Cuentas, Nora Segura, manifestó con anterioridad su postura en favor de una ley de fideicomisos públicos, ya que actualmente hay un vacío legal en esa materia y no están sujetos a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, sin embargo, enfatizó “sería ideal suprimir la figura”.

“Están cerrando los fideicomisos pero están abriendo otros, y a la ciudadanía no le queda claro cuál es la posición del Presidente.  Aparentan que están luchando contra la corrupción pero al final las acciones no quedan claras”, dice Ramón Cadena.

Más allá de lo manifiesto, el mensaje latente implica poca voluntad para transparentar las instituciones. “El problema grave es de transparencia, porque el Presidente eliminó el fideicomiso y creó otro. Entonces el daño en la transparencia se ve opacado por las actitudes del propio Presidente”, puntualizó Marvin Flores.

Hay dos posibilidades que abarcan este tema. O el Presidente tenía pensado desde un principio suplir un fideicomiso por otro, o quiso cerrar un fideicomiso corrupto, pero luego algo le hizo cambiar de opinión.

Según el analista Renzo Rosal, el mandatario no calculó bien sus decisiones iniciales: “Empezó a echarse para atrás, pero no podía regresar al estado de dejarla habilitada. El costo político de tomar una decisión de dar marcha atrás no lo podía pagar. Las implicaciones políticas que el Presidente no percató en su momento le están pasando factura y lo están haciendo recular”.

“Hay que tomar en cuenta que el Presidente, hoy por hoy, en esta coyuntura, está muy necesitado de apoyos políticos porque su propio partido no le está redituando los apoyos necesarios. Entonces el cerrar en definitiva Fonapaz le hubiera significado quedarse sin los pocos apoyos que tiene”, manifestó Rosal.

El analista agrega: “No estamos hablando de cualquier institución sino estamos hablando de la vaca gorda que le ha suplido de recursos a los partidos de gobierno. Y que ha servido para muchas prácticas oscuras, digamos, que finalmente le ha redituado mucho valor político a los gobernantes de turno y este gobierno no ha sido la excepción”.

Según el portal del Ministerio de Finanzas “los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos (en forma de contrato) creados por la administración pública para cumplir con una finalidad lícita y determinada, administrados por una institución fiduciaria”.

Los fideicomisos son parte de un sistema paralelo de gasto público sin sustento legal y Fonapaz no es una excepción. El Fondo entró en funciones el 6 de mayo de 1999; su fideicomitente (el que entrega los bienes) es el Banco de Guatemala;  el fiduciario (encargado del fideicomiso) es el Banco de Desarrollo Rural y el fideicomisario (el destinatario final de los bienes) es el Estado de Guatemala, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas y de Fonapaz.

$31.5 MILLONES EN EL LIMBO
En el tema de los  préstamos solicitados por la institución, aún no se tiene establecido el proceso a seguir. La cantidad de $31.5 millones es gestionada por la comisión de Finanzas del Congreso de la República.

El proyecto de Desarrollo Rural Sustentable estaba predestinado a ser financiado a través de dos préstamos internacionales y se iba a iniciar en el departamento del Quiché. Los préstamos fueron solicitados por Fonapaz y estaban siendo gestionados en el Congreso hasta el momento que se anunció el cierre.

El primero de los préstamos es de $15 millones y proviene del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el segundo, de $16.5 millones, del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, opina que “la comisión de Finanzas tiene que hacer un análisis completo en otorgar los fondos o no, porque también depende de la institución financiera que haga los préstamos. Ahí hay un problema bien complejo a nivel burocrático, pero si el Presidente realmente dijo que ya no va haber corrupción lo normal sería cancelar o poner un stand by hasta que se sepa hacia donde irían dirigidos”.

Al respecto Abiú revela que esto no es tan sencillo de trasladar “como no es proyecto, sino préstamo y estos los aprueba el Congreso. En esta aprobación  aparece la unidad ejecutora, en este caso Fonapaz, pero como nosotros ya no vamos a ejecutar tendrá que haber un cambio en estos acuerdos que ha firmado el Congreso”.

Según el administrador de la comisión la solución es de analizar “Habría que ver, o regresan al Congreso, o se resuelve a través del Minfin, porque hay una cláusula en los acuerdos de préstamo que dice que todo lo relacionado con el préstamo se puede solventar vía Finanzas, vamos a ver si es así o si paga el Congreso”.