A paso acelerado Guatemala camina hacia atrás, alejándose cada vez más del ideal de una sociedad civilizada y asemejándose más al de una comunidad salvaje, donde la existencia misma se reduce a matar para sobrevivir. Así, como en la selva, donde los más fuertes acaban con los más débiles y donde no existen garantías para la protección de los derechos humanos.

Con base a esa ley, la ley de la selva, podemos encontrar justificativos para matar con nuestras propias manos a los que consideramos ladrones, extorsionistas y asesinos, sin comprobar su culpabilidad, en actos que popularmente se comprenden como la acción de «la justicia por la mano del pueblo», pero que realmente son una demostración de la frustración social colectiva sobre la débil respuesta de las instituciones de seguridad y justicia frente a la violencia.

Al observar de forma global los problemas que derivan de la falta de gobernabilidad, es comprensible -aunque es reprobable y aterrador- que las personas descarguen su ira matando a supuestos asaltantes en las calles y aunque es preocupante, también se puede llegar a comprender el beneplácito de la gente en las redes sociales cuando ven un video que muestra cómo un hombre, al que consideran delincuente, arde entre las llamas.

En ese contexto también cada vez nos parece más normal observar cómo se cometen linchamientos y vapuleos en las calles, que son aplaudidos por una buena parte de la sociedad, que, con justa razón, se dice cansada y agobiada por la inseguridad, pero que en vez de buscar soluciones profundas para sus problema, se conforman con las venganzas individuales y agresiones contra delincuentes de «bajo nivel». ¿Por qué actuamos contra las consecuencias de la violencia y no contra las causas?

Creo que los guatemaltecos ganaríamos más si cuestionáramos a nuestras autoridades: ¿Por qué la Policía Nacional Civil despliega más agentes para reprimir a los estudiantes normalistas afuera de los institutos públicos, que en las áreas conflictivas de las zonas más peligrosas? ¿Por qué el Organismo Judicial no invierte en la seguridad de los jueces de Paz, para que puedan actuar sin miedo a represalias? ¿Por qué se permite la planificación de crímenes desde las cárceles? ¿Por qué las fuerzas de seguridad actúan contra los portadores de pequeñas cantidades de droga y muy pocas veces atrapan a los grandes capos del narcotráfico?

De esta situación se esperarían diferentes reacciones. Por un lado, las instituciones de la seguridad y la justicia, y los funcionarios responsables de éstas, deben entender las señales de alerta que envía una sociedad desesperada por la violencia y tienen que trabajar arduamente para satisfacer la demanda de paz y tranquilidad que exige la ciudadanía.

Las instancias que se encargan de la comunicación y educación también tienen un papel muy importante, para garantizar a la población información correcta sobre el respeto a la legislación y los derechos humanos, y a la vez tienen el deber de promover una cultura de paz, que garantice una comprensión correcta y adecuada de los derechos humanos.

Los ciudadanos tenemos que entender que podemos ser agentes de cambio; tenemos la capacidad de motivar transformaciones estructurales si demandamos acciones comprometidas de nuestras autoridades y fiscalizamos sus acciones y decisiones.

De no cambiar el rumbo, sin miedo a equivocarme, estoy seguro que lo único que nos espera es un baño de sangre, y no solo de sangre de los “malos”, como quisieran algunos, sino de inocentes y culpables por igual.

Nuestras instituciones podrán tener muchos errores, deficiencias y problemas, pero de cualquier forma son nuestra mejor opción, mientras que los actos de violencia social, reprobables desde cualquier punto de vista, son un retroceso en nuestras aspiraciones para alcanzar la paz y un paso más hacia una sociedad salvaje.