La decisión de la Comunidad Andina de iniciar negociaciones con la Unión Europea a dos ritmos -uno para Perú y Colombia, y otro para Bolivia y Ecuador- conjuró una fuerte crisis interna del grupo subregional pero dejó en evidencia las profundas diferencias ideológicas entre sus miembros.
Los andinos celebraron el jueves su Cumbre en esta ciudad del sur de Bolivia y emergieron de ella con la decisión de negociar un acuerdo de asociación con Europa.
Pero para alcanzar un consenso se requirió una fórmula que conciliara las posiciones más abiertas de Perú y Colombia -dispuestas a iniciar de inmediato las negociaciones- con las más conservadoras de Bolivia y Ecuador que piden mayores plazos y exclusión de temas, como una forma de reconocimiento a su menor desarrollo.
Este consenso es mucho más de lo que se podía esperar tras varias semanas en que los cuatro países forcejearon para hacer valer posiciones totalmente disímiles sobre lo que debía ser un acuerdo con la UE.
Con un acuerdo de principio, ahora «las negociaciones deberían desarrollarse en primer término entre los países andinos, y luego entre ellos y la UE, que a priori descarta todo diálogo bilateral», señaló a la AFP un diplomático europeo.
«Las negociaciones serán muy complicadas puesto que se harán a dos velocidades», agregó.
La percepción entre los europeos es que con esta negociación «se salvó momentáneamente la CAN», indicó otra fuente diplomática, que destacó «el aislamiento de Bolivia».
El acuerdo no esconde sin embargo las tensiones internas que en las últimas semanas se manifestaron con críticas del presidente boliviano, Evo Morales, a Colombia y Ecuador, y una corriente creciente en Perú que pide al gobierno salir de la CAN.
El influyente diario El Comercio señaló en su editorial del martes pasado que «la crisis existencial de la CAN debe resolverse» y agregó que «ante la evidente incompatibilidad entre los socios, resulta utópico pensar que Perú podrá llegar a acuerdos comerciales con la UE, de la mano de socios (Bolivia y Ecuador) que han mostrado discrepancias ideológicas con el modelo».
Este viernes el ex ministro peruano de Comercio Alfredo Ferrero dijo que no le ve un futuro brillante a la CAN por lo que consideró que su país debe evaluar bien cuáles son sus intereses y si le conviene continuar allí.
«El Perú no debe fijarse a la CAN como si fuese un sistema inamovible ni permitir que nos limite en nuestra integración con el mundo», indicó.
En contraste, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, lanzó el jueves un firme alegato contra el modelo de libre mercado y aseguró que la CAN «está todavía imbuida de la larga noche neoliberal».
Las diferencias ideológicas ya cobraron en abril de 2006 la salida de uno de sus socios, Venezuela -el golpe más duro para este mecanismo de integración creado en 1969- y han puesto en duda la utilidad y validez de la CAN.
Venezuela partió en protesta porque Perú y Colombia firmaron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. La perspectiva de una negociación con la UE abrió un nuevo flanco de divergencias ahora liderado por Bolivia.
«Bolivia bloqueó al resto de países de la CAN que sí querían avanzar en la negociaciones», dijo recientemente la ministra peruana de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz.
Los bolivianos, por su parte, exigieron excluir del tratado comercial los servicios, las inversiones, la propiedad intelectual y las compras gubernamentales, además de un trato especial en la solución de controversias.
El canciller David Choquehuanca dijo, por su parte, que Bolivia objeta la firma de un «acuerdo de asociación» comercial que replique los modelos de los TLC firmados entre algunos países de la región y Estados Unidos.
Otro punto que generó tensión en la CAN fue la decisión unilateral de Perú de bajar en diciembre pasado sus aranceles en 2.894 partidas frente a terceros países y la posibilidad de que lo mismo suceda con otras 3.256.
Por todo ello las negociaciones se ven complejas, más si se ve en el espejo del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay), cuyas negociaciones con la UE fueron lanzadas en 1999 y están paralizadas desde 2004 por diferencias sobre productos agrícolas, industriales y servicios.