Hace años, un conocido comercial de una transnacional decía: “En opiniones, como en todo, cada quien tiene un parecer”. Si de vender hojas de afeitar se tratara sería adecuado el lema, lamentablemente las opiniones a las que me referiré son de conocidos columnistas y no se trata de anuncios, tampoco los funcionarios de gobierno están opinando sobre un aspecto comercial, se trata sobre el acontecer del diferendo marítimo y terrestre que existe, desde más de 150 años, con respecto al territorio de Belice, donde como deberíamos saber, Inglaterra históricamente obtuvo de España dos concesiones para cortar madera, bajo el compromiso que no efectuaría asentamientos permanentes.

Las concesiones actualmente comprenden de la frontera con México al río Sibún y consisten en dos terceras partes del territorio que ocupa Belice y una tercera parte adicional del río Sibún al río Sarstún, hoy colindantes con Petén y el mar Caribe, que sin justificación jurídica alguna Inglaterra agregó a las dos concesiones originales y que al producirse la disolución del imperio británico, las personas que en su gran mayoría había trasplantado Inglaterra provenientes de las Islas del Caribe, India, Palestina, más un reducido porcentaje de personas de la etnia kekchí, esgrimiendo, igual que ahora lo tratan de hacer en las Islas Malvinas, “la autodeterminación de los pueblos”. En Naciones Unidas se convirtieron en un Estado que improcedentemente Jorge Serrano Elías, en 1991, reconoció violando la Constitución de Guatemala y que al hacerlo nombró como embajador de Guatemala al hondureño Ricardo Bueso, el mismo que en el gobierno de Álvaro Arzú se convirtió en el dueño, a través de la tienda de “doña Licha”, de la telefónica Guatel que en menos de un mes le vendió a las empresas de Carlos Slim.
Los comentarios que ha hecho el Canciller, Fernando Carrera, que no es jurista sino economista, ni ha sido legislador; señalan que la consulta tan inadecuada que aceptó hacer Guatemala y Belice es una ley, que por un enorme descuido en el momento en que se aprobó, los funcionarios de gobierno no se percataron que Belice había modificado las normas para que una consulta bajo su gobierno requiriera, para ser válida, que el 60% de las personas que habitan dentro de ese territorio concurrieran, hecho que difiere con las normas que el Estado de Guatemala ha establecido para un procedimiento similar, lo que indudablemente, con buen criterio el presidente Otto Pérez Molina ha indicado que desvirtúan el procedimiento y hacen que el mismo no tendrá ninguna validez en lo que al Gobierno de Belice se refiere, razón por la cual, de la misma forma en que en el Gobierno anterior el Congreso aprobó inadecuadamente la consulta, el actual Congreso debe derogarla y así evitar que se gasten Q260 millones por el Tribunal Supremo Electoral para implementar la improcedente consulta y otros muchos millones en informar previamente a la población para que la misma decida votar sí o no.

Toda esta situación ha hecho que se produzcan numerosas opiniones como las de Danilo Parinello, quien muy atinadamente ha señalado el origen, la formación y la posible vinculación que en lo personal tiene la casi totalidad de los jueces que integran la Corte Internacional de Justicia, razones por la cual atinadamente él ha señalado que en un momento dado la opinión de esas personas será en contra de Guatemala por cuanto su formación, vinculación e interés particular se inclina totalmente a quedar bien con Inglaterra y con los países que conformaron en el pasado el Commonwealth, como es el caso de Belice.
¡Guatemala es primero!
Continuará.