El ministerio de Energía y Minas (MEM) recibe críticas en lanzamiento de su política energética, grupos ambientalistas y comunitarios aseveran que no fueron tomados en cuenta en la propuesta hecha por el ministro de dicha cartera Erick Archila.

Esta política consta de cinco ejes, el primero trata sobre seguridad del abastecimiento de electricidad a precios competitivos; el segundo, seguridad en los precios de abastecimiento de combustible  a precios competitivos; tercer eje, exploración y explotación de recursos petrolíferos; cuarto eje, ahorro y uso de energía; y quinto eje, reducción del uso de la leña.

La política tendrá vigencia hasta el 2027. El Gobierno asegura que esta política busca la estabilización de los precios y la erradicación de personas sin servicio eléctrico. Según, el viceministro de Energía e Hidrocarburos, Edwin Escobar, esta política se diferencia de la anterior en que ha separado la parte energética con la minería.

“De las fuentes de energía del país la que más relevancia tiene es la leña, la consume el 56 por ciento de la población, y la electricidad es solamente del 9 por ciento. Sin embargo, la el electricidad constituye el insumo más importante para el comercio y la industria”.

Julio González del grupo Madre Selva asegura “este tipo de políticas se hicieron para beneficiar a los poderosos, encima se ha comprobado anteriormente en las decisiones del Ministro que las comunidades se ven perjudicadas. El gobierno no hace por exigirles a las empresas que dejen réditos para beneficio de la población”.

El MEM pretende incentivar a que la combustión de la leña que se utiliza sea a través de estufas mejoradas para crear ahorros y mejorar la salud de la población rural. Según Rodas, otro de los aspectos que intentan impulsar son los bosques energéticos porque contrarrestan la tala de árboles que se utilizan para hacer leña.

Al respecto José Cubur del Comité de Unidad Campesina (CUC) dijo “esta nueva política buscará entregar más hidroeléctricas a empresas internacionales. Nosotros nos vemos afectados porque los campesinos hemos votado  68 ocasiones en contra de las hidroeléctricas, estas consultas se han hecho en 68 municipios distintos”.

Cubur sostiene que a pesar de los acercamientos de autoridades y empresarios en el pasado, “la energía producida la inyectan  la red nacional de energía, la energía eléctrica la venden más barata en El Salvador que en el área rural que es donde se originan”

Sobre la relación directa entre comunidades y generadoras de energía Cubur confiesa “muchas empresas han dejado nuestros terrenos inservibles, sobre todo,  las comunidades aledañas a los ríos porque dejan su contaminación, destruyen la flora y la fauna cercanas a las presas, afectando a familias de campesinos enteras”.

Sandino Asturias, director del Centro de Estudios de Guatemala, opina “hay una ausencia y un déficit de políticas, y en particular una política energética, que no está clara. En segundo lugar, cuando hablamos de energías alternativas, siempre es positivo no dependen del petróleo como fuente única de energía, pero cuando hablamos de elementos que afectan a comunidades debe prevalecer la consulta comunitaria“.
El presidente Otto Pérez Molina había anunciado que una de las intenciones con esta política era buscar atraer inversión y establecer posibles fuentes alternativas de energía que no funcionarán a base de la combustión.

Al respecto, Asturias declara que “la inversión no se da por decreto ni por intención, tiene que haber condiciones que lo permitan y esas condiciones están lejos de darse, porque no ha habido un mejoramiento en el tema de seguridad, el gobierno no está generando las mejores condiciones para hablar sobre estos temas”.