Señalamientos de corrupción, de privilegios a internos, constante ingreso de aparatos telefónicos y droga han rodeado al Sistema Penitenciario (SP), de una nube de conflictividad.
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La analista Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), señaló que dichos conflictos se han estado observando, sobre todo por la ausencia de control interno en el SP, y la poca aplicación de la Ley de Presidios, así como su reglamento y todo lo respectivo al ordenamiento del sistema.
“Esto permite la creación de grupos internos de control que negocian con las autoridades, donde al final se evidencia que no es el Estado quien controla los presidios sino los mismos privados de libertad”, criticó.
En ese sentido señaló que es importante que el Gobierno retome el control del Sistema, que tenga una verdadera voluntad para velar por el cumplimiento de la normatividad y así como de los marcos regulatorios de Presidios, y sobre todo se evite la existencia de los grupos que mantienen el control ilegal de los centros carcelarios.
No obstante, consideró inaudito que luego de años de situaciones similares, el SP siga en la misma situación, de develarse absorto de falta de supervisión y control.
“No se tiene ni siquiera una base de datos de privados de libertad, no existe un sistema de reconocimiento de huellas digitales para saber quién entra y sale de los presidios, no se cumplen ni las normas básicas de los traslados”, apuntó.
De León concluyó instando al orden, no solo con respecto al uso de la fuerza, sino a través de normas claras para el sistema, que sean establecidos y manejados por las autoridades.
ELIMINAR PRIVILEGIOS
Por otro lado, según declaraciones en calidad de asesor del ex viceministro de la cartera del Interior, Julio Rivera Clavería, actualmente el sistema de cárceles en el país no permite que las fuerzas de seguridad tengan el control de los privados de libertad; por lo que se propuso una reingeniería en el presidios, que debe iniciarse con la eliminación de “privilegios”, que tienen algunos presos.
“Actualmente el SP es disfuncional”, aseguró Rivera Clavería, al exponer que es necesario construir cárceles de máxima seguridad porque no se cuenta con la infraestructura mínima que permita clasificar a los internos, según su “peligrosidad social”.
INVESTIGACIÓN
La salida irregular del capitán Byron Lima Oliva, junto a a seis guardias del Sistema Penitenciario (SP), y dos pilotos particulares, puso en alerta al Ministerio Público, quien junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), iniciaron con las investigaciones para determinar la existencia de una red de funcionarios en SP que estuviera favoreciendo a los internos de los centros carcelarios.
ESTADÍSTICAS
Por otro lado, datos estadísticos de Presidios señalan que en el año 2012 fueron incautados 3 mil 68 aparatos telefónicos en 1 mil 332 requisas practicadas en los 22 centros de detención del país.
En el transcurso de los primeros dos meses del año, se han practicado 43 incautaciones, en las cuales continúan prevaleciendo los dispositivos móviles como objetos mayormente decomisados a los reclusos.
En ese sentido, Rudy Esquivel, vocero del SP señaló que también han sido objeto de incautación cargadores, memorias para celular, paneles solares, y otros artículos para dichos móviles.
También señaló que no deja de encontrarse droga como cocaína, marihuana y licor en menor cantidad.
Las estadísticas del SP revelan que los meses cuando más se registraron incautaciones fueron: junio del 2012, con 479 celulares decomisados; agosto con 364 y en octubre y noviembre se reportaron 305 móviles confiscados. El año pasado también se decomisaron mil 827 chips telefónicos.